418 NIÑOS SUFRIERON DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL SALVADOR EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

Organizaciones, como Cristosal, piden a la CIDH que intervenga y solicite a los países del Triángulo Norte de Centroamérica una mejor atención a las víctimas.

Eduardo les dijo a los pandilleros de su comunidad que no quería entrar en la pandilla. Se los dijo varias veces en el autobús del transporte público en el que viajaba hacia la escuela, y en el que los pandilleros se subían con frecuencia para reclutar estudiantes. Tras la negativa de Eduardo, algunos pandilleros que también estudiaban en la misma escuela, lo amenazaron. Le dijeron que tenía que entrar en la pandilla o que sino lo iban a matar.

Cuando el director de la escuela se enteró de que Eduardo había sido amenazado, le pidió que se cambiara de centro escolar para evitar una tragedia.

Sara, la madre de Eduardo, se molestó con el director porque en vez de llamar y sancionar a los estudiantes pandilleros responsables de las amenazas, pidió que Eduardo se cambiara.

Sara decidió sacar de la escuela a Eduardo y además buscó otro lugar para vivir, según lo que relató a la organización Cristosal, que atiende en El Salvador los casos de desplazamiento interno forzado.

La organización lleva un registro de esos casos, o al menos de los que se entera. Sobre este tipo de casos, el Gobierno no tiene un dato oficial, ni siquiera reconoce el fenómeno, sino que prefiere utilizar un término más amigable: “movilidad interna”.

En marzo de este año, el Gobierno publicó un informe sobre la movilidad interna entre 2006-2016, en el que aseguró que utilizó un método científico para detectar, a través de una encuesta, 466 casos de familias movilizadas en esa década. Esas familias, según el documento, están conformadas en un 80 % por adolescentes y jóvenes, en edades entre los 12 a 18 años, y de 19 a 29.

En el registro detallado de Cristosal llama la atención que solo en los últimos tres años, 418 niños y adolescentes sufrieron desplazamiento forzado, por razones de violencia. Así como le ocurrió a Eduardo.

De esos casos, 279 eran niños en edades que oscilaban entre los cero a 11 años, y 139 entre los 12 a 17.

Las cinco principales razones por las que los niños tuvieron que desplazarse, según los datos de Cristosal, son amenazas directas o en contra de un miembro de su familia, asesinato de uno de sus familiares cercanos, intento de homicidio, extorsiones y lesiones directas o en contra de un familiar. En menor medida también fueron razones de desplazamientos las violaciones y agresiones sexuales y la desaparición de un familiar.

Cristosal también asegura que aunque el 94 % de los desplazamientos forzados de menores fue provo-

cado por pandillas, hay un 6 % provocado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Los desplazamientos provocados por policías ocurren después de que acosan a adolescentes. Según los testimonios recogidos por Cristosal, los agentes detienen arbitrariamente a los jóvenes cuando van o regresan de estudiar, los interrogan, los golpean y los acusan de ser pandilleros y de no brindar información. Eso a pesar de que los adolescentes insisten en que no son pandilleros y en que realmente no tienen información sobre las actividades ilícitas en sus comunidades. Tras ser víctimas de desplazamiento, el 55 % de las familias contó a Cristosal que se acercó a la Policía o a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar. El resto dijo que por temor a las represalias de los pandilleros o por la poca confianza en las autoridades prefirió desplazarse en silencio. Este fenómeno no es exclusivo de El Salvador. Las organizaciones Pop No’j y Casa Alianza, de Guatemala y Honduras respectivamente, también elaboraron un informe en conjunto con Cristosal para pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga ante los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica y solicite políticas para atender a la niñez y adolescentes víctimas de desplazamiento, así como medidas para prevenir más casos. En el caso específico de El Salvador, Cristosal solicitó a la CIDH que intervenga para hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para que discuta y apruebe, a la brevedad, la propuesta de “ley especial para la prevención y protección de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado”.

CASO EN HONDURAS

Un niño hondureño le dijo a Casa Alianza, mientras esa organización registraba casos de desplazamiento forzado para el informe que presentó ante la CIDH, que las vidas de sus familiares “no valían nada” en la comunidad en que vivían. El niño agregó que pensaba eso por los pandilleros con los que tenía que convivir, porque ingresaron por la fuerza a su vivienda a cambio de no exigir la extorsión.

“Mi mami nos dijo que si salíamos a la pulpería (tienda), que dejáramos todo cerrado, porque si no los pandilleros que se habían llegado a vivir ahí mismo nos iban a robar nuestras cosas. Vivíamos como en la cárcel, así que le dije a mi mami que mejor nos fuéramos, porque nuestras vidas no valían nada en ese lugar y que nos podían hacer algo, después de que se metieron a la fuerza a nuestra casa”, contó.