La Prensa Grafica

2.1 mill de personas en edad de trabajar no tienen empleo formal

FUSADES publicó ayer su informe anual sobre la coyuntura social correspond­iente al período 2017-2018.

- Évelyn Machuca social@laprensagr­afica.com

“Estamos contentos de poder compartir el trabajo del DES, cuya visión es generar conocimien­to y recomendac­iones de política social, promover el debate calificado e incidir en acciones de contralorí­a social”. ELENA MARÍA DE ALFARO,

COORDINADO­RA DE COMISIÓN DEL DES

“Al analizar la superación de la pobreza se observa un comportami­ento errático, porque desde 1991 a 2005 se observó una reducción bastante gradual, pero desde 2006 ha aumentado o disminuido cada 2 años”. GABRIELA GÓCHEZ,

INVESTIGAD­ORA TÉCNICA DEL DES

“Tenemos la certeza que solo el 20 % de todos los centros escolares ofrecen orientació­n vocacional, pero la mayoría de estudiante­s no recibe esa atención y eso incide. Hay que repensar la reforma para la educación secundaria”. HELGA CUÉLLAR-MARCHELLI, DIRECTORA DEL DES

Más de 2 millones de personas en edad de trabajar no tienen un empleo formal, según el informe anual de coyuntura social que la Fundación Salvadoreñ­a para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) publicó ayer, correspond­iente al período 2017-2018. El informe fue elaborado por el Departamen­to de Estudios Sociales (DES) de la fundación.

En otras palabras, solo el 27.6 % de las personas económicam­ente activas (PEA) tenían acceso a seguridad para 2017, por lo que al menos siete de cada 10 PEA formaban parte del sector informal. El 74% de esa informalid­ad la padecieron los jóvenes entre los 15 a 29 años, consideran­do que la edad aproximada en la que se comienza a trabajar de forma remunerada son los 16 años.

En consecuenc­ia, no es casualidad que dos de cada cinco jóvenes consideró seriamente emigrar del país: el factor económico, relacionad­o con la falta de oportunida­des, fue la principal causa de la movilidad humana, solo seguido del factor insegurida­d, un fenómeno denominado “desplazami­ento forzado”.

“Yo creo que hay una polémica con el término (“desplazami­entos forzados”). Nosotros hablamos más de movilidad humana, pero hay que entender las razones de esta movilidad, que es un derecho, porque cualquiera tiene el derecho de ir de un lugar a otro, pero es distinto cuando tiene que hacerlo por falta de oportunida­des o porque tiene temor de su propia vida”, anotó la directora del DES, Helga Cuéllar-marchelli. La directora agregó que el gran desafío es lograr que haya el reconocimi­ento de que es un fenómeno que afecta a varios salvadoreñ­os, de que no todos los lugares son seguros y que muchos se ven obligados a salir de sus zonas de origen porque tienen temor o porque no encuentran oportunida­des.

“Es cierto que la mayoría se mueve por razones económicas, porque está buscando empleo y oportunida­des, pero ya hay un grupo importante que es por temor, es por violencia; y aquí debemos de ponernos en alerta porque si esto está ocurriendo la tarea es que no siga ocurriendo y que no aumente este problema, sino tratar de reducirlo y evitarlo. Si hay un problema, la obligación del Estado es atenderlo, darle una respuesta efectiva. Es la obligación del Estado. No hacerse el que no sabe y no conoce”, señaló Cuéllar-marchelli.

Por otra parte, el informe también destaca que la situación de pobreza mejoró al pasar de 38.2 % en 2016 a 33.7 % para 2017, pero los investigad­ores advirtiero­n que aún hay muchos desafíos pendientes, por ejemplo, en materia de educación, salud y nutrición. En el tema educativo, el principal reto es sincroniza­r las metas educativas con las inversione­s en pro de la calidad de la educación, ya que solo $3 de cada $100 fueron invertidos en 2017 para el mejoramien­to de la calidad educativa con el modelo Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP).

 ??  ?? Pobreza. En 2017, de cada 100 salvadoreñ­os, 26 podían adquirir la canasta básica alimentari­a, pero no la ampliada (dos veces la canasta básica), según el informe de coyuntura social de FUSADES.
Pobreza. En 2017, de cada 100 salvadoreñ­os, 26 podían adquirir la canasta básica alimentari­a, pero no la ampliada (dos veces la canasta básica), según el informe de coyuntura social de FUSADES.

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