CENTROS PENALES SOLO INSTALÓ 6 % DE LOTE DE BRAZALETES
El Ministerio de Justicia adquirió 2,800 brazaletes el año pasado, pero la instalación avanza lenta. El director de Centros Penales considera que el estancamiento es responsabilidad de los jueces.
El proyecto de instalación de brazaletes electrónicos a reos de menor peligrosidad, que las autoridades penitenciarias pretendían completar en 10 meses, continúa estancado. El Ministerio de Justicia y Seguridad adquirió el año pasado un lote de 2,800 dispositivos y dijo que instalaría 280 cada mes, pero hasta la fecha solo 155 personas gozan de este beneficio, es decir, el 6 % de lo proyectado, confirmó ayer Marco Tulio Lima, director de Centros Penales.
Los brazaletes permiten que los reos catalogados en fase de confianza cumplan sus penas fuera de las cárceles. Los beneficiados reciben dos aparatos (un brazalete y un teléfono celular) que son monitorizados desde un centro de operaciones en la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
El proyecto fue anunciado el 8 de diciembre de 2017. El costo de todo el sistema ascendió a $4,722,292, provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En su momento, las autoridades se comprometieron a que la instalación de los aparatos finalizaría este mes, con un promedio de 280 dispositivos colocados mensualmente a partir de enero; sin embargo, la realidad es otra. En mayo de este año habían sido instalados 65 brazaletes, es decir que en los últimos cinco meses solo se colocaron 90 más, a un promedio de 18 cada mes.
Ayer, el director de Centros Penales prefirió no comprometerse con una fecha para finalizar la instalación de todos los aparatos adquiridos. El retraso obedece, según él, a que los jueces están implementando la medida de manera “lenta”. Cuando el proyecto arrancó, Penales presentó 150 solicitudes de instalación a jueces, casi la cantidad instalada hasta ahora.
“Todavía los jueces no han considerado de una manera con bastante fuerza este tipo de soluciones”, justificó Lima.
La Dirección General de Centros Penales ha puesto los brazaletes a disposición de los jueces de Instrucción, Paz y Sentencia con el objetivo de que consideren su implementación como una medida sustitutiva de la detención provisional en algunos casos.
Penales también espera instalar los dispositivos a reos que sufren enfermedades terminales. Para esto, ha presentado una propuesta de reforma a la ley penitenciaria. Lima dijo que confía en obtener el apoyo para hacerlo de la Asamblea Legislativa.
“Una persona que adolece de una enfermedad crónica, terminal o degenerativa como el VIH, la insuficiencia renal o el cáncer debe salir del sistema (penitenciario) mediante la colocación del brazalete”.
MARCO TULIO LIMA,
DIRECTOR DE CENTROS PENALES
“Una persona que adolece de una enfermedad crónica, terminal o degenerativa como el VIH, la insuficiencia renal o el cáncer debe salir del sistema mediante la colocación del brazalete”, dijo Lima.
En total, 3,180 reos padecen enfermedades terminales, de los cuales 1,800 (56 %) son adultos mayores. Ellos podrían ser los siguientes beneficiados, según las proyecciones del director.
Pese a la lentitud en la colocación de brazaletes, el hacinamiento en los penales está disminuyendo. En la actualidad hay 38,500 privados de libertad en todo el país, lo que significa un 189 % de sobrepoblación. Las autoridades esperan terminar el año con 170 %, una pretensión menor que la que lanzaron hace algunos meses, cuando dijeron que cerrarían en 150 %.
La reducción del hacinamiento se debe, según Lima, al aumento de la capacidad de penales como Ciudad Barrios y Quezaltepeque.