Organismos internacionales piden a El Salvador reformar ley antilavado
FGR tiene pensado presentar esta semana un anteproyecto de ley para mejorar la “prevención, control y sanción al lavado de dinero”. Embajadora de EUA dijo que El Salvador debe dar muestras de estar dispuesto a prevenir ese delito.
Los organismos internacionales que trabajan en la implementación de medidas efectivas para combatir el lavado de dinero y activos han concluido que El Salvador debe reformar su legislación sobre ese delito. Una de esas entidades es el GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales), grupo del que forma parte el país desde 2003. El Salvador cuenta con una ley antilavado desde 1998, pero esta ha sufrido tres reformas: en 2006, 2014 y 2015; sin embargo, el GAFI sostiene que aún falta ajustar la normativa para tener un efectivo combate al blanqueo de dinero y activos.
Mónica Mendoza, jefa de la oficina país de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delitos (UNODC), dijo ayer que todos los sectores de El Salvador son conscientes, desde los diferentes roles que desempeñan en la prevención, control y sanción de lavado de dinero o de activos, de la importancia de “dar respuestas sistémicas, integradas y que permitan que todos los sectores aporten al compromiso a la lucha de este fenómeno”.
El fiscal general, Douglas Meléndez, dijo que esta semana presentará a la Asamblea Legislativa una nueva propuesta para reformar la ley especial de lavado de activos, “un fenómeno complejo que financia la corrupción, extorsión, trata de personas, homicidios, tráfico de droga y las pandillas”.
“Es una obligación asumida por El Salvador a nivel internacional el adoptar medidas o normas especiales consagradas en la convención de las Naciones Unidas contra el terrorismo y su financiación”, aseguró Meléndez en la inauguración del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero y Activos.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, que asistió al evento ayer, pero sin dar declaraciones, escribió después un tuit donde manifestó: “La corrupción y el lavado de dinero son de los mayores obstáculos para el desarrollo del país. En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero, es im-
portante que El Salvador se muestre como un país dispuesto a tomar las medidas necesarias para la prevención”.
Meléndez adelantó que las reformas que serán planteadas a la Asamblea van encaminadas a cambiar desde los sujetos obligados hasta la forma de administrar las acciones de prevención del delito.
El fiscal general anunció que, por ejemplo, buscan reducir a los sujetos obligados, porque, como está la normativa, incluye a “todas las personas naturales”, algo que considera imposible de perseguir penalmente. La idea, según Meléndez, es establecer sectores según las actividades económicas que realizan, por lo que propone supervisar a 16 grupos definidos en la ley, incluyendo algunas profesiones, como abogados y notarios, que serían supervisados por la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la reforma no solo afectará a los que deben ser vigilados, sino que también a quienes supervisan. La enmienda busca incluir en la normativa antilavado a ocho nuevas instituciones que “velarán por la prevención del lavado de dinero”.
El fiscal general explicó que la propuesta también está enfocada a cambiar algunos delitos, como la desaparición de la tipificación del trasiego de dinero y activos para los fondos encontrados en aeropuertos y fronteras. Esa actividad, según el anteproyecto de ley, pasa a ser considerada como una modalidad de transporte en el delito de lavado.
Además, la reforma plantea introducir el delito de proposición y conspiración para los acusados de participar en el delito de lavado, pero que “no tocó dinero”.
La discusión sobre la reforma a la ley de lavado ocurre a solo días de que El Salvador fue suspendido de Grupo Egmont, el organismo que reúne a las unidades especializadas que investigan el dinero ilícito en todo el mundo.
Egmont, que aglutina 159 países, dijo que El Salvador fue suspendido por incumplir con el requisito de otorgar autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la oficina de la Fiscalía que investiga casos de lavado de dinero.
El fiscal general dijo que esa unidad también debe reformarse, por lo que pasaría a ser una unidad de análisis financiero, para zanjar la queja de que sería un organismo de investigación paralela a la FGR, algo que sería inconstitucional.
La fiscalía también se quejó por los pocos recursos para combatir ese delito. Pese a ello, dijo que han trabajado en los últimos años en algunos casos con los que ya han “superado los $150 millones en persecución efectiva en lavado de dinero”.
La embajadora Manes escribió ayer que entre 2015 y 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha apoyado a la Fiscalía con $6.5 millones para respaldar los proyectos contra la corrupción, lavado de dinero y ataques a las redes financieras de las pandillas.
“En el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero es importante que El Salvador se muestre como un país dispuesto a tomar las medidas necesarias para la prevención”.
JEAN MANES,
EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS EN EL SALVADOR
“Esta reforma evita que más drogas lleguen a nuestros niños, que las armas lleguen a las pandillas, que los recursos públicos sean saqueados y que ninguna organización pueda disfrutar sus ganancias ilícitas”. DOUGLAS MELÉNDEZ, FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA
“Ustedes son conscientes de la importancia de dar respuestas sistémicas, integradas y que permitan que desde todos los sectores de la sociedad cada uno aporte al compromiso a la lucha de este fenómeno”. MÓNICA MENDOZA, JEFA DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC) EN EL SALVADOR