Cámara rechaza cambiar a juez de caso Destape a la Corrupción
El juez Miguel Ángel García seguirá conociendo el caso contra Ana Ligia de Saca, en la segunda etapa de la red de desvío de fondos.
La Cámara Primera de lo Penal de San Salvador rechazó la petición de cambiar al juez que procesa a la ex primera dama Ana Ligia Mixco de Saca, acusada de haber ayudado a su esposo, Elías Antonio Saca, a desviar fondos públicos a cuentas privadas. La Fiscalía General de la República (FGR) había solicitado que el juez séptimo de Instrucción, Miguel Ángel García Arguello, dejara de conocer el proceso en contra de Mixco de Saca, acusada de lavado de dinero. La cámara notificó el pasado 25 de octubre que había declarado inadmisible la solicitud.
El Tribunal de Instrucción, tras retomar el expediente del caso, deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar, debido a que la que había programado originalmente (5 de noviembre) y quedó sin efecto por la tramitación de la recusación fiscal.
De Saca es acusada de ser parte de una red que ayudó al expresidente a lavar $22 millones. Fue acusada junto a 16 imputados más, en su mayoría personas dedicadas al rubro de publicidad, entre ellos el padre del exsecretario de Juventud César Funes Cruz. Es procesada en libertad desde febrero del año pasado, porque realizó el pago de una fianza millonaria.
La ex primera dama también es procesada en la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador porque no pudo justificar $589, 808 de su patrimonio cuando la Corte Suprema de Justicia, a través de su Oficina de Probidad, realizó un examen de su riqueza.
La fiscalía llamó Destape a la Corrupción al caso que ha dividido en diferentes etapas. En la primera ya fueron condenados exfuncionarios que admitieron el saqueo de cuentas públicas, entre ellos Saca. El tribunal que los condenó aún no ha entregado la resolución por escrito. Saca alcanzó un acuerdo con la fiscalía que le permitió obtener una pena menor a cambio de confesar sus delitos. El resultado de ese acuerdo fue la condena de 10 años de prisión por el desvío de $301 millones de fondos públicos durante su gestión con la ayuda de seis excolaboradores.
En la segunda etapa fue acusada la ex primera dama junto a su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol, quien fue representante legal de las empresas Grupo Samix y de la Sociedad Promotora de Comunicaciones. Posteriormente fue capturado Jorge Hernández, también acusado de ser parte del desfalco público.
La fiscalía informó en su momento que la ex primera dama y su grupo familiar hicieron transacciones bancarias que sobrepasaron los $131 millones entre mayo de 2004 y 2015. Cuando Saca fue capturado, junto al primer grupo de su círculo cercano, los fiscales le atribuyeron el desvío de $246 millones, pero con la incorporación de los nuevos imputados el caso subió a $320 millones que fueron movidos en 14 cuentas, según la investigación fiscal.
Ayer el Juzgado Séptimo de Instrucción también notificó que ha dado un plazo de tres días hábiles a la fiscalía para que dé su opinión respecto de la petición que ha hecho el defensor del imputado, Milton Romeo Avilés, para que se libre oficios a SERTRACEN para la reposición de una tarjeta de circulación y placas de un vehículo relacionado con la sociedad Tóchez Fernández Limitada.
Avilés fue empleado de Irving Tóchez, quien fue presidente de CEL, y que, según las investigaciones fiscales, asesoró a Saca para revivir sociedades inactivas para su red de lavado de dinero.