SE DUPLICA CANTIDAD DE PRÓFUGOS EN ÚLTIMOS AÑOS
Un informe de la PNC da cuenta del crecimiento exponencial de quienes huyen de la justicia durante los últimos dos años.
José Adán Menjívar Miranda ha logrado sortear a la policía durante un año sin mucho esfuerzo. Residentes de la comunidad Santa Bárbara, ubicada en las faldas del cerro de Guazapa, al sur de San Salvador, aseguran haberlo visto varias veces caminando por las veredas, o tomando un baño en el río de la zona desde aquel 24 de octubre de 2017, al mediodía, cuando mató a su pareja de un tiro en la cabeza en el centro de Apopa y frente a sus hijos.
Menjívar Miranda se refugió en el cerro de Guazapa, según los testigos, después de asesinar a Vilma Pérez, su pareja que ese día iba en compañía de sus dos hijos a denunciarlo a la subdelegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Apopa por violencia intrafamiliar. No alcanzó a llegar.
Ese mismo día, testigos le contaron a los investigadores que Menjívar Miranda abordó un autobús cerca de la avenida Quirino Chávez de Apopa, donde cometió el crimen, y se bajó en la parada de la comunidad Santa Bárbara. Allí, según los lugareños, ordenó una torta y luego se perdió en el cerro.
Un investigador encargado de la zona, que pidió no ser identificado, dijo que mantienen activo el dispositivo de búsqueda desde el día en que Menjívar Miranda cometió el feminicidio, aunque reconoce que la intensidad de las acciones para dar con él ha disminuido. Sabe, además, que muchos residentes comentan haber visto al atacante; pero “nosotros no
hemos tenido esa suerte”, dice en tono resignado.
Menjívar Miranda es uno de los 36,070 prófugos que la policía busca desde 1992, fecha de su creación. Saldar esa deuda histórica significaría capturar a todos los asistentes al estadio Jorge “Mágico” González un día que estuviera a reventar. Así de grande es la cantidad de personas que huyen de la justicia porque están acusados de haber cometido algún delito en El Salvador.
El informe policial sobre prófugos, que fue entregado a LA PRENSA GRÁFICA en una versión resumida, consigna que un poco más de la mitad de esos fugitivos evadieron la justicia desde 2013 a la fecha. Es más, las cifras entregadas por la División de Cumplimiento de Disposiciones Judiciales (DCJ) de la PNC, encargada de localizar a los prófugos, muestran que entre 2017 y los primeros ocho meses de este año se ha duplicado la cantidad de quienes escapan de la justicia en comparación con los cuatro años anteriores. El promedio mensual de fugitivos en 2018 es de 558, una cantidad mucho mayor al de 2017 con 412.
La PNC se negó a entregar la identidad de los prófugos; sin embargo, hay algunos nombres ya conocidos, como el caso del exdiputado suplente Roberto Carlos Silva Pereira, contra quien hay orden de captura por los delitos de cohecho y lavado de dinero.
La fiscalía lo acusa de sobornar a alcaldes para ganar licitaciones sin cumplir los requisitos para concursar y entregar proyectos inconclusos o en mal estado. El reparo es por $10 millones.
Silva Pereira logró escapar sin documentos hacia Estados Unidos al saberse perseguido por la justicia en 2007. Fue detenido meses después y puesto en proceso de deportación.
En el listado también figura Enrique Rais, quien está acusado de haber entregado dádivas al ex fiscal general Luis Martínez a cambio de recibir beneficios judiciales. Es prófugo desde 2016.
Otros de los más buscados son el expresidente Mauricio Funes, algunos de sus familiares y exfuncionarios, acusados de haber desviado fondos públicos por más de $351 millones.
También destaca el pandilleros de la MS-13 Moris Alexánder Bercián Manchón, alias “el Barney”, procesado por tráfico ilícito de drogas desde 2013.
Una fuente vinculada al trabajo de la Policía Internacional (INTERPOL) dice que la búsqueda de prófugos en el país la realiza la policía por dos vías. Por un lado está la DCJ para una localización en el interior del país; pero cuando sospecha o conoce que alguien huyó fuera del territorio, se apoya con INTERPOL.
Aunque la mayoría de los más buscados en El Salvador, según las cifras oficiales, son pandilleros, también hay acusados de haber cometido extorsión, organizaciones terroristas, homicidios y feminicidios, como el caso de Menjívar Miranda.