En un momento coyuntural tan decisivo para el país, el fortalecimiento de la democracia es punto verdaderamente clave

NHAY QUE SABER DISTINGUIR, EN TODO MOMENTO Y CIRCUNSTANCIA, LO QUE ES EL ÁMBITO DE LAS DIFERENCIAS LEGÍTIMAS EN LO TOCANTE A LA GESTIÓN PÚBLICA DE LO QUE ES EL CAMPO DE LOS INTERESES NACIONALES QUE DEBEN ESTAR REGIDOS POR EL BIEN COMÚN.

uestra cotidianidad nacional se ha venido convirtiendo en un vivero de trastornos y de conflictividades que nos tienen a todos en vilo no sólo sobre lo que pueda pasar en el presente sino también sobre lo que pudieran traernos tanto el futuro inmediato como el de más largo alcance. En el plano social, la inseguridad presenta cada vez más ramificaciones opresivas; y en el plano político, las incertidumbres vienen ganando terreno en forma acelerada, sobre todo de cara a unas elecciones presidenciales en las que cualquier cosa puede pasar. Pese a todo ello, lo que se está dando en el ambiente nacional no tiene las características desestructuradoras de lo que ocurre en otros países del entorno, donde las crisis han minado el sistema; y el más dramático ejemplo de ello lo tenemos junto a nosotros, en el caso de Nicaragua.

Nuestro esquema político, según hemos subrayado insistentemente para que no se pierda conciencia de ello, permanece bien sustentado hasta la fecha; y eso hay que cuidarlo y preservarlo con la máxima responsabilidad posible. Al respecto, las fuerzas y los liderazgos políticos tienen un rol determinante; y aunque hoy se esté moviendo sobre el terreno una campaña electoral de gran intensidad y a la vez de riesgos sin precedentes, el escenario básico, que es el que surgió del redimensionamiento constitucional luego del fin de la guerra, no ha perdido solidez.

Distingamos, pues, entre lo que es dicho escenario y lo que son los movimientos de los actores sobre el mismo; y hagamos todos lo que a cada quien corresponde para que los errores o los desatinos de los actores no vayan a socavar el escenario. Y esto sólo puede lograrse si hay un entendimiento consistente para asegurar el imperio de la ley y para preservar la lógica democrática. Fallas tan injustificables como la falta de acuerdos para llenar las vacantes en la Corte de Justicia, y muy especialmente en la Sala de lo Constitucional, son verdaderos atentados contra la estabilidad del aparato estatal en su conjunto, y eso hay que enfatizarlo de manera inequívoca, porque los daños que parecen estragos de coyuntura pueden llegar a tener gravísimas consecuencias estructurales.

La institucionalidad hay que verla como un todo, sin desconocer que siempre es un mosaico de líneas políticas y de grupos actuantes, todo ello movido desde las decisiones populares en las urnas. En otras palabras, hay que saber distinguir, en todo momento y circunstancia, lo que es el ámbito de las diferencias legítimas en lo tocante a la gestión pública de lo que es el campo de los intereses nacionales que deben estar regidos por el bien común.

Es preciso, entonces, promover y fortalecer el respeto generalizado a la democracia en acción. Esto hay que medirlo más en los hechos que en las palabras, porque son los hechos los que pueden arraigar en la realidad. En particular las fuerzas políticas y los gestores gubernamentales tienen esta responsabilidad a su cargo, y hay que vigilar que la cumplan en todo momento.

Como hemos dicho siempre, las diferencias son naturales y por consiguiente válidas para que el sistema encaje en el fenómeno real; pero lo que la democracia manda es hacer un tratamiento inteligente y armonioso de tales diferencias.