Vinculados a furgón quedan en libertad
La FGR demostró incongruencias en la documentación de declaración aduanal.
El Juzgado de Paz de Pasaquina, en La Unión, determinó ayer durante la audiencia inicial que tres personas vinculadas a un furgón que llevaba un cargamento de pólvora que se incendió la semana pasada en la frontera El Amatillo continúen enfrentando el proceso en libertad, pero deberán cumplir con algunas medidas alternas.
Los procesados son José Juan Carlos Vázquez, de 40 años, quien manejaba el furgón; José Virgilio Álvarez, de 44 años, tramitador informal en la frontera; y José Luis Laínez, de 56 años, propietario de la pólvora.
Los tres enfrentan el delito de contrabando de mercaderías en perjuicio de la hacienda pública, pero en el caso de Vásquez y de Laínez, también fueron acusados del delito de infracción a las reglas de seguridad colectiva.
Durante la audiencia inicial, la fiscal de la Unidad de Patrimonio del Estado detalló una serie de irregularidades que presentaba la documentación con la cual se pretendía declarar los juegos pirotécnicos en la aduana El Amatillo para que salieran del país con destino a Nicaragua.
“Los permisos tienen fecha 6 de noviembre y la factura en la que se hizo la compra tiene fecha 5. Además, la factura detalla 1,650 kilogramos de pólvora y los permisos establecen otras cantidades, también cómo es posible que el furgón se cargó el 6 de noviembre y el tramite se inició el día 5”, cuestionó la representación fiscal.
Esta información fue comparada con la declaración del motorista del furgón y las horas en que sucedieron los hechos, principalmente cuando se incendió el furgón, la cual, según la fiscalía, no coincide con la hora en la que, supuestamente, la mercadería ya había sido despachada.
Otra de las inconsistencias señaladas por el ministerio público es que la mercadería fue declarada que iba en tránsito desde Santa Ana, pero realmente la pólvora fue cargada en una bodega del caserío Santa Clarita, en los alrededores del predio aduanal, en Pasaquina.
La jueza le dio valor a las incongruencias señaladas por la representación fiscal e incluso la secundó al referirse a que dichas argucias son parte de las estrategias que utilizan las estructuras que se dedican al contrabando de mercaderías, y por esa razón decidió que el caso continúe bajo investigación, la cual consideró que se debe extender hasta la empresa que supuestamente vendió la mercadería y extendió la factura que tiene domicilio en Santa Ana.