Para que el Estado de Derecho tenga garantizada su estabilidad es preciso que el sistema de justicia cumpla su rol

PLA POLÍTICA, PUES, QUE INCIDE NATURALMENTE EN TODO, ESTÁ HOY MÁS INCLINADA QUE NUNCA A HACERLO SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LOS ENTES DIRECTAMENTE VINCULADOS CON EL IMPERIO DE LA LEY Y CON LA CONDUCCIÓN NACIONAL.

or experiencia acumulada en el curso de las ya casi tres décadas de posguerra deberíamos estar sabidos sin ninguna duda de que para que el sistema nacional funcione a cabalidad es indispensable que la justicia esté debidamente habilitada y completamente asegurada. Por eso es tan preocupante que se estén dando hoyos negros como la calculada falta de elección de cuatro de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que todo haga sospechar que la elección del Fiscal General de la República, que tendría que darse a más tardar en los primeros días de enero del año por venir, tratará de ser dominada por los intereses políticos en juego, para así curarse en salud por la experiencia de un desempeño independiente como el que ha caracterizado a la gestión por concluir.

En los últimos tiempos, el destape de distintos casos de corrupción al más alto nivel en los planos gubernamentales ha puesto una nota sin precedentes en el trabajo de la persecución del crimen y de la aplicación de la justicia; y a eso han contribuido, como es evidente, la labor fiscal y el rol constitucional. No es de extrañar, entonces, que haya maniobras abiertas o solapadas para revertir dichos avances, sobre todo al estar a las puertas de una definición electoral como la que se avecina. Y las tensiones electorales también juegan su papel, porque el hecho de que la elección de magistrados se haya venido postergando sin ninguna justificación aceptable conecta con los temores sobre lo que podría decidir la nueva Sala en relación con el esquema de competidores ya definido.

La política, pues, que incide naturalmente en todo, está hoy más inclinada que nunca a hacerlo sobre la configuración de los entes directamente vinculados con el imperio de la ley y con la conducción nacional. Toda esta cuestión es de la mayor trascendencia para el sano desenvolvimiento del proceso nacional, y por eso hay que salvaguardar a toda costa la transparencia en la selección de los que irán a ocupar los cargos más ligados a toda esta temática y verificar constantemente que los respectivos desempeños de los funcionarios elegidos se rijan en todo momento y ante toda eventualidad por criterios de independencia y de estricto apego a la legalidad y al bien común.

El sistema ha estado mal acostumbrado a que las estructuras de investigación de los hechos ilegales y de aplicación de la ley a las conductas transgresoras de la misma estén sometidas a los dictados del poder en ejercicio; eso es lo que los respectivos procederes de la Sala de lo Constitucional y de la Fiscalía General de la República han venido haciendo girar con criterios de independencia y de valentía institucional. Este giro reordenador es el que habría que mantener de resultas de lo que disponga la Asamblea Legislativa para llenar las plazas correspondientes. Y como los mecanismos de selección son tan rudimentarios y las conflictividades políticas son tan persistentes, las elecciones se vuelven, en gran medida, un juego de azar, lo cual puede ir en claro detrimento del avance modernizador.

Esperamos que, luego de todos estos ires y venires, lo que acabe resultando no sea para deteriorar el proceso sino para mantenerlo firme. Es lo que el país merece.