JUEZ IMPIDE A EUA APLICAR PROHIBICIÓN DE ASILO DE TRUMP
El DHS ha dicho que quiere que los solicitantes de asilo se presenten en un cruce oficial. Pero muchos de ellos ya tienen un largo tiempo de espera. Los migrantes deberán esperar semanas.
Un juez federal prohibió ayer al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. Trump emitió un decreto el pasado 9 de noviembre por el que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur fuera de los puertos de entrada oficiales al país no sería candidata para recibir asilo. Coincidiendo con la llegada de la primera de varias caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario alegó que el veto era necesario para frenar lo que calificó de amenaza a la seguridad nacional.
Pero en su fallo, el juez federal de distrito Jon S. Tigar se puso del lado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y del Centro por los Derechos Constitucionales, que interpusieron una demanda justo después de la pu- blicación del decreto.
Tigar señaló que las leyes migratorias estadounidenses permiten claramente la solicitud de asilo aunque no se acceda al país por los puertos oficiales.
“Sea cual sea el alcance de la autoridad del presidente, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente”, dictaminó Tigar, que fue nominado para el puesto por el expresidente demócrata Barack Obama.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no comentó de inmediato el fallo, que permanecerá en vigor durante un mes a menos que se presente recurso.
Para emitir su prohibición, Trump utilizó los mismos poderes empleados el año pasado para otro veto migratorio que finalmente fue ratificado por la Corte Suprema.
Si se aplica, la propuesta de Trump podría dificultar que las miles de personas que ingresan al país eviten la deportación. El
DHS calcula que cada año cerca de 70,000 personas piden asilo después de ser detenidas en los puertos oficiales de ingreso. Pero el fallo de Tigar señala que la ley federal contempla que cualquiera puede solicitar asilo si ha llegado a Estados Unidos “ya sea por un puerto de entrada designado o no”.
“Los individuos tienen derecho al asilo si cruzan entre los puertos de ingreso”, dijo Baher Azmy, abogado del Centro por los Derechos Constitucionales. “No se puede ser más claro”.
Alrededor de 3,000 personas de la primera caravana llegaron a Tijuana, México, en la frontera con San Diego, California.
Desde la entrada en vigor del decreto presidencial y hasta el lunes, 107 personas detenidas entre los puertos de ingreso solicitaron asilo, informó el DHS, que está al frente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Los funcionarios no revelaron si los casos de esas personas avanzan por los otros canales que tienen disponibles.
INFORMANTES EN CARAVANA
El Gobierno de Estados Unidos recaba datos sobre la caravana de migrantes que se encuentra entre su frontera y México mediante informantes de incógnito infiltrados en el convoy a los que paga por ello, reveló ayer la cadena NBC.
Según el canal de televisión estadounidense, el DHS obtiene información de inteligencia mediante el pago a estas personas, que se encuentran en el interior del numeroso grupo.
Esta táctica la combina, según las fuentes del DHS que cita NBC, con el seguimiento de los mensajes de texto de los propios migrantes, que utilizan grupos de Whatsapp para comunicarse entre ellos y organizarse.
Además, Estados Unidos trabaja junto con el Gobierno mexicano para obtener datos sobre la composición, los movimientos y las posibles amenazas de seguridad.
De acuerdo con los últimos datos divulgados por el Pentágono, en estos momentos, 5,900 militares se encuentran desplegados en la frontera sur colaborando con las autoridades fronterizas.
En los últimos días cerca de 3,000 centroamericanos llegaron a la ciudad mexicana de Tijuana.
“Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional (el asilo) no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida”.
KATIE WALDMAN, PORTAVOZ DEL DHS