Parlamento quita legalidad a otra ONG
Esta vez se trata de una organización del hijo de la expresidenta Violeta Barrios. Los oficialistas todavía discuten quitar la persona jurídica a varias ONG.
La Asamblea Nacional de Nicaragua canceló ayer la personalidad jurídica al Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), dedicado a estudios de comunicación, fundado por el hijo de la expresidenta Violeta Barrios, el periodista Carlos Fernando Chamorro.
Con 70 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Gobierno, y 17 en contra, la Asamblea Nacional nicaragüense quitó la legalidad a CINCO, fundado en 1990.
Chamorro es director de los medios Confidencial y Esta Semana, que trabajan de manera independiente y son críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Al igual que otras 7 ONG en las últimas dos semanas, la legalidad de CINCO fue cancelada, en medio de una crisis que ha causado cientos de muertos, desaparecidos y presos, miles de heridos, decenas de miles en el exilio y cientos de miles en el desempleo, desde abril pasado.
Los diputados oficialistas utilizaron contra CINCO argumentos parecidos a los de otras ONG afectadas, como haber incumplido gravemente sus “obligaciones legales” y sus estatutos, así como haber “desnaturalizado su personalidad jurídica”, “alterar el orden público”, “desestabilizar el país” y “afectar la seguridad ciudadana”.
La decisión de la bancada del FSLN, de aprovechar su mayoría de votos para tomar decisiones, fue criticada por algunos diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), quienes pidieron a los sandinistas que presentaran pruebas contra las ONG que “han decapitado”.
“Cuando un poder del Estado atenta contra los medios de comunicación, está cerrando los espacios de la libertad de expresión en una nación”, dijo el diputado del PLC Jimmy Blandón.
El representante del Partido Conservador Alfredo César advirtió que “cuando un Poder del Estado atenta contra los medios de comunicación está cerrando los espacios de la libertad de expresión en una nación”.
La crisis de Nicaragua ha dejado saldo de entre 325 y hasta 545 muertos, y 674 “presos políticos”, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos, y 273 reos, que clasifica como “golpistas”, “terroristas” y “delincuentes comunes”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual.