Comunidad denuncia anomalías en proyecto
Los presupuestos se elevaron, el tiempo se extendió y las compras de repuestos se hicieron en empresas propiedad de miembros del FMLN.
Amediados de 2017 miembros del comité Unidos por El Amate (UPEA), radicados en Estados Unidos (EUA), tuvieron acercamientos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con el fin de gestionar apoyo para la ejecución de un proyecto de terracería y ampliación de la cancha de fútbol del cantón El Amate, en Intipucá, La Unión.
Fue necesario que el MOP y la Alcaldía de Intipucá firmaran un convenio de cooperación, en el cual se incluyó a la comunidad El Amate, especificando el aporte de cada una de las partes.
La alcaldía asumiría reparaciones menores por desperfectos de la maquinaria, aceites y un porcentaje de combustible; el MOP pondría la maquinaria, asumiría la mano de obra y los costos de administración; y la comunidad correría con otro porcentaje del combustible, alojamiento y alimentación de los trabajadores.
El proyecto inició en junio de este año, y según el presupuesto presentado por el MOP la inversión sería de $30,000, a ejecutarse en 15 días, pero el monto se elevó y el tiempo se alargó, debido a una serie de desperfectos de la maquinaria.
“Como a una semana de haber llegado un tractor de banda sufre el primer desperfecto, y eso nosotros como comunidad lo costeamos, porque ellos (el MOP) nos dijeron que no tenían recursos”, contó un miembro de la comunidad.
Posteriormente, la misma máquina presentó otro desperfecto mayor, siendo necesario llevarla a un taller particular para una reparación que iba a ser asumida por la comuna, pero al final hasta la comunidad tuvo que hacer un aporte económico.
Días después de la reparación, la alcaldía recibió una factura emitida por la empresa INSERQUID, la cual, según documentación del Registro de Comercio, tuvo como representante legal hasta 2017 al ahora alcalde de San Gerardo, San Miguel, Luis René Quinteros Díaz, quien fue electo en las pasadas elecciones por la coalición FMLN-PDC.
Para completar el costo de esa reparación, en vista de que la comunidad no veía avances en el proyecto, la directiva decidió aportar $856, dinero que entregaron en efectivo al director regional del MOP, Sergio Moto, por lo que se violó la Ley de Ética Gubernamental.
El funcionario acepta que así sucedió, pero que “el problema es que ellos (comunidad) andaban precisos”.
“Entre alcaldía y comunidad se tuvo un costo de $15,000, prácticamente lo que cuesta una cancha nueva”. FUENTE DE COMUNIDAD EL AMATE