Prohíben dispositivos que aceleran disparos
Las autoridades de Migración guatemaltecas avisaron ayer a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que 11 de sus investigadores y litigantes tenían 72 horas para salir del país, informó el portavoz de ese ente, Matías Ponce. Se trata de personal de la CICIG cuyas visas no fueron renovadas en octubre pasado y que “son investigadores y litigantes de casos de alto impacto en Guatemala”, precisó ayer Ponce. El portavoz explicó a la prensa que “funcionarios de Migración dejaron una nota en la sede de la CICIG en la que se señala que los funcionarios a los que no se les renovaba la visa de cortesía se les quita la acreditación diplomática y la inmunidad, y que tenían 72 horas para hacer abandono del país”.
Se trata de Coroliano Marcelo Umpierrez Osorio, Jhon Washington Jiménez Robayna, Vicenzo Caruso, María Martín Quintana, Fernando Robles Reyes, Yilen Osorio Zuluaga y Roque Marcelo Véliz López.
También Horacio Roberto Piccardo Candia, Luis Fernando Orozco Álvarez, Fernando Washington Dos Santos Oliveira y César Augusto Rincón Sabogal. Orozco, por ejemplo, con 10 años en la CICIG, llevaba la trama de corrupción La Línea, por la que están procesados y en prisión, entre otros, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco publicó ayer en el Diario de Centroamérica (oficial) que el personal de la CICIG había sido informado el lunes de que sus acreditaciones quedaron sin efecto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer la prohibición de los dispositivos que aceleran la capacidad de disparo de las armas semiautomáticas. El fiscal general en funciones de Estados Unidos, Matthew Whitaker, anunció que el Departamento de Justicia enmendó las regulaciones del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), con el fin de incluir los modificadores de armas en la definición de ametralladora. Las regulaciones son órdenes del presidente Donald Trump.
EL PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, JORDÁN RODAS, HABÍA INTERPUESTO UN AMPARO EL PASADO 18 DE OCTUBRE EN CONTRA DE LA MEDIDA DE NO RENOVACIÓN DE VISAS DE LOS 11 FUNCIONARIOS.