MÁS JUECES EXONERADOS QUE SANCIONADOS DURANTE 2018 La Corte removió a cinco jueces y exoneró a 26. La cantidad de casos contra jueces resueltos disminuyó este año respecto a los resueltos en 2017. Sin embargo, Investigación Judicial redujo su mora.
Carlos Mauricio Enrique Pérez, juez Especializado de Instrucción de San Miguel, fue denunciado por no encontrarse en el tribunal en la hora y fecha que emitió la resolución judicial en dos procesos penales. También fue denunciado por maltrato laboral a los empleados de ese juzgado. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sometió a votación su caso el 11 de octubre de 2018. Ese día, la magistrada Elsy Dueñas de Avilés propuso que lo sancionaran con 60 días sin goce de sueldo. Luego opinó el magistrado Óscar López Jerez, quien señaló que en los últimos tres años la ley no se ha aplicado por igual a todos los jueces.
“La desgracia de este juez es el haber llegado a trabajar a la sede especializada de Instrucción de San Miguel”, agregó después Dueñas. Luego de su comentario, hablaron tres magistrados más, pero no hubo acuerdo ni para suspensión ni para remoción. La decisión fue congelar los plazos de ese proceso.
La CSJ removió de su cargo a cinco jueces, suspendió temporalmente a 12 y exoneró a 26 durante todo 2018. El resto de procesos contra jueces fueron declarados improcedentes, inadmisibles o enviados al archivo porque caducaron los plazos de investigación.
“La dinámica de finalización de los expedientes es más sin sanción que sancionando. Aquí es importante porque pareciera que se advierte que ha habido una persecución hacia los jueces, yo creo que eso no es cierto, las cifras nos lo dicen. Lo que pasa es que es obvio antes no pasaba, que se sancionara a un juez, y ahora se sanciona, se ve que está respondiendo la Corte a ese deber que tiene conforme a las reglas del debido proceso”, explica la magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas Galindo.
Hugo Miguel Ángel Torres, del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena de Sonsonate, no cumplió con lo ordenado en una resolución emitida por un tribunal superior. La Corte lo castigó en mayo con una suspensión de 16 días sin goce de sueldo. Esa falta es considerada como muy grave dentro de la Ley de la Carrera Judicial y es por faltas de ese tipo que la Corte suspendió a 12 jueces en el año.
¿Por qué más exoneraciones que sanciones? “Algunas veces, en su mayoría de casos, son inconformidades de sentencias de resoluciones. Algunas en las que el denunciante no presenta la prueba”, responde la magistrada Rivas Galindo.
La Corte resolvió un total de 242 expedientes disciplinarios contra jueces en 2018, según el último reporte de la Dirección de Investigación Judicial hasta octubre pasado. La cifra representa 265 casos menos que los 507 que resolvió la institución en 2017.
La magistrada atribuye la baja en la cantidad de informativos resueltos, en parte, a que el pleno de la Corte pasó cuatro meses incompleto por la falta de elección de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y un magistrado de la Sala de lo Civil, quienes se incorporaron a la institución hasta el pasado 19 de noviembre.
MENOS CASOS ACUMULADOS
Pese a la disminución de resoluciones durante 2018, la Dirección de Investigación Judicial ha logrado superar la mora de más de mil expedientes que acumulaba para 2013.
En cinco años, según los datos de la CSJ, logró una
“Es bien difícil decir ‘aquí no pasa nada’. Eso es ser irresponsable e irreal, pero también es injusto cuestionar que todos los jueces tienen malas prácticas”.
DORIS LUZ RIVAS, MAGISTRADA DE LA SALA DE LO PENAL
reducción del 78 % de la mora. Cerró 2018 con 300 expedientes en trámite.
“Yo hice un estudio hace años de cómo estaba la dirección y cuál era la ruta del proceso y del expediente y nos encontramos que pasaba por diferentes manos, de repente se perdía, se quedaba en el camino y no había una ruta bien clara”, dice la magistrada Rivas.
Para acelerar las investigaciones, acordaron evitar unos pasos que les parecieron innecesarios para el control de los expedientes.
“Podemos ver con las cifras que se sanciona y también no se sanciona, porque no podemos hacer persecuciones a ultranza. Ni tampoco ser indiferentes a la demanda ciudadana”, dice Rivas, quien insta a los ciudadanos a denunciar si advierten malas prácticas de los jueces, pero no por cuestiones personales.