Señalan como reto poner en práctica la ley de APP
El Salvador destaca en índice de The Economist Intelligence Unit por su norma, pero su reto es implementar proyectos.
El Salvador cuenta con una de las mejores leyes de asocios público-privados (APP) en la región, según el Infrascopio 2017, un índice elaborado por The Economist Intelligence Unit para evaluar la capacidad de los países de América Latina y el Caribe de llevar a cabo este tipo de asociaciones; sin embargo, su mayor reto es poder poner en práctica esta normativa en los próximos años junto a la institucionalidad que ha sido creada para ello.
“El Salvador cuenta con una legislación APP sólida y moderna; pero enfrenta desafíos sociales y una alta exposición a desastres naturales y riesgos climáticos, que pueden limitar su atractivo como destino de inversiones”, reza el informe.
Carlos Sánchez, senior manager de infraestructura de la firma consultora EY, explica que un asocio publico-privado es “desarrollar infraestructura y servicios públicos por medio de la colaboración del sector privado”. Agrega que cada una de las partes, ya sea la gubernamental o la privada, asume “los riesgos que mejor pueda manejar”.
“Un privado diseña, construye, opera y mantiene una infraestructura estatal o presta un servicio asociado a esa infraestructura, o presta solo el servicio, pero bajo la vigilancia estatal”, acota el experto, quien diferenció esta figura de la privatización, en la cual hay una venta de activos. En El Salvador hace décadas se privatizaron las telecomunicaciones, por ejemplo.
Sánchez comenta que en un APP el desarrollador privado es seleccionado bajo una licitación pública internacional. Lo que lo vincula al Estado es un contrato que establece los estándares técnicos, niveles de servicios, y otras obligaciones. Esa es otra diferencia con la privatización.
Sánchez destaca que el índice del Infrascopio se considera como el “Doing Business” de los APP, y que en este índice El Salvador figura en la posición número 1 en cuanto a institucionalidad y en tercer lugar en cuanto a su ley. “Quiere decir que usted tiene un marco institucional y regulatorio sólido, en este caso la dirección de APP de PROESA”, afirmó. Ahora, en su opinión viene la “prueba de fuego” que es la implementación de los APP. Como posibles proyectos se mencionaron en el pasado de un parque de energía eólica en Metapán, la modernización del Aeropuerto de Ilopango y la del Aeropuerto Monseñor Óscar Romero.
La Asamblea Legislativa aprobó, en la penúltima sesión plenaria de 2017, reformas a la Ley Especial de Asocios Públicos y Privados, para que esta modalidad de contratos se pueda ampliar más ámbitos de aplicación. La ley fue aprobada originalmente en mayo
“La política de infraestructura debería estar enmarcada con un ente de alto nivel que pueda estructurar una cartera de proyectos en cada ministerio”.
CARLOS SÁNCHEZ,
SENIOR MANAGER DE INFRAESTRUCTURA DE EY
de 2013 por todos los partidos políticos. En pocas palabras, la reforma permitió incluir la posibilidad de que empresas privadas puedan diseñar, financiar, construir, operar y mantener proyectos de infraestructura de salud, educación, seguridad y agua potable (este último con algunas excepciones). Pero la prestación de los servicios de estos ámbitos mencionados siempre estará a cargo del Estado salvadoreño.
Con la implementación de FOMILENIO II, se incluyó como parte del eje de clima de inversión la implementación exitosa de los APP en el país. Los proyectos seleccionados son dos: la iluminación y videovigilancia de 140 kilómetros de carretera en las áreas periféricas del Gran San Salvador y la ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Según informó PROESA en su rendición de cuentas de 2018, este último proyecto es el primero ya estructurado que cuenta con el borrador de bases de licitación y del contrato para ser consultado con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), un proceso que aún no ha finalizado.
A este proyecto se opone el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Aeroportuaria y Conexos (SITTEAIES) de CEPA. Su secretario general, Ernesto Rodas, considera que los APP deben ser para las empresas estatales que “no tienen dinamismo”.
El experto en infraestructura de EY comenta que desde que se aprobó la ley ha habido un trabajo intenso en preparar los reglamentos y la institucionalidad, además de que cada proyecto requiere de un ciclo de preparación de hasta dos años. “El reto del nuevo gobierno será revisar la cartera (de proyectos), implementar lo que ya se tiene y seguir”, planteó Sánchez.
FUSADES, por su parte, propone que los APP formen parte de un plan de infraestructura más global.