Morales acusa a la ONU de pasividad ante los abusos cometidos por la CICIG
El presidente de Guatemala dio una conferencia junto a dos familias supuestamente víctimas de la CICIG.
El presidente Jimmy Morales acusó a António Guterres, secretario general de la ONU, de haber sido pasivo para resolver las diferencias que mantiene con la CICIG.
“A pesar de los esfuerzos de Guatemala ante las Naciones Unidas, el silencio, pasividad y negativa del secretario contribuyó a una incertidumbre del actuar de la CICIG que puso en riesgo la soberanía del país”, dijo Morales, quien estuvo acompañado de sus ministros, secretarios y de familiares de algunos de los acusados de corrupción por la comisión.
Entre las personas que lo acompañaron estaba una familia rusa que fue investigada, acusada y condenada por los tribunales por la compra y uso de documentos falsos para abrir empresas y comprar propiedades en el país, en un caso en el que participó la CICIG.
“Gracias, señor presidente, por la lucha de la soberanía y los derechos humanos”, dijo la rusa Irina Bitkova, una de las personas que dijo haber sido afectada por el trabajo de la comisión.
Además, estuvieron otros “afectados”: Andrés Zimeri, quien sufrió lesiones en un juego de fútbol con trabajadores de esa comisión; los hermanos Valdés Paiz, implicados en el caso Rosenberg; dos hijos de Carlos Vielmann, exministro de Gobernación procesado por tortura de reos, entre otros.
Morales, además, instruyó a la cancillería y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para que emprenda quejas, denuncias y demandas por las presuntas faltas y abusos de la CICIG.
Mientras, los dos delegados de Migración detenidos por impedir el pasado sábado el ingreso del investigador de la CICIG, el colombiano Yiles Osorio, fueron procesados ayer a petición de la fiscalía.
El Juzgado de Turno a cargo de Víctor Funes resolvió que Irma Cruz Suntecún Tesucún y Miguel Antonio Cantoral Dávila, delegados de Migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora, queden ligados a proceso judicial por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia.
Durante la audiencia, Suntecún no quiso declarar, mientras que Cantoral dijo: “Yo solo cumplo órdenes”.
Ambos quedaron en libertad tras el pago de una fianza económica de 5,000 quetzales ($647.66) cada uno.
Funes expresó durante la audiencia que el acta firmada por los funcionarios para impedir el ingreso del investigador fue contraria a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que en diciembre pasado amparó a Osorio y a otros 10 miembros de la CICIG a quienes la cancillería no les renovó la visa y les pidió abandonar el país.