Exigen a concejo que pague indemnizaciones
Jefe municipal aseveró que no se cancelarán hasta no tener orden judicial que favorezca a exempleados.
Ex trabajadores de la Alcaldía de San Lorenzo, en Ahuachapán, expresaron su inconformidad debido a que la nueva administración municipal ha atrasado la cancelación de sus indemnizaciones. De acuerdo con la versión de algunos, tienen más de seis meses de espera por el pago de su beneficio. “Muchos de los que fuimos separados de nuestros cargos no hemos recibido ningún dinero que forme parte de la indemnización por los servicios que hemos prestado por varios años a la Alcaldía. Solo nos tienen que llevemos papeles, que no entendemos cuál es la finalidad”, afirmó uno de los afectados.
Explicaron que frente a la negativa de algunos miembros del concejo municipal de acelerar el proceso de cancelación de lo adeudado, ya presentaron denuncias en la Procuraduría de Derechos Humanos de Ahuachapán, y no descartan interponer alguna denuncia en la Fiscalía. Según ellos, son aproximadamente ocho los extrabajadores de la comuna a los que se les ha negado el correspondiente pago.
“No somos muchos los que estamos en esta situación. El alcalde y algunos miembros del concejo se escudan en que no hay dinero para pagarnos y que están viendo de dónde se saca”, dijo otro de los afectados.
Fuentes de la comuna de San Lorenzo explicaron que desde que se afinó el presupuesto de 2019, se incluyeron los recursos para el pago de algunas indemnizaciones; sin embargo, durante la primera reunión del concejo, el punto no fue tomado en cuenta.
Añadieron que uno de los justificantes para los despidos o no renovaciones de contrato de algunos trabajadores fue la incapacidad económica de continuar pagando esas plazas, pero hace algunas semanas fueron contratadas nuevas personas.
Entre los despedidos se encuentran madres de familia solteras que representan el único ingreso económico de sus hogares.
El alcalde Álvaro Castillo expresó que durante los días restantes de enero comenzarán a efectuar los primeros pagos, pero ninguna indemnización sin la orden de algún tribunal que lo exija.
“Somos muy respetuosos de las leyes y hasta que un juzgado nos ordene hacerlo, lo realizaremos. No podemos tomar dinero público porque podemos caer en alguna imprecisión que sea objeto de observación por parte de la Corte de Cuentas”, justificó.