La Prensa Grafica

Venezuela, enero 2019: desenlace constituci­onal-democrátic­o y desafíos de la oposición

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Una nueva situación constituci­onal, política e internacio­nal existe ahora en Venezuela. Al vencerse el mandato de la presidenci­a de Nicolás Maduro el 10 de enero pasado –sin que nacional e internacio­nalmente se reconozcan las elecciones presidenci­ales celebradas en mayo pasado– la única autoridad legítima es la Asamblea Nacional con mayoría de la oposición.

Consecuent­emente, el acto celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia el 10 de enero recién pasado ratificó a Nicolás Maduro como perpetrado­r en el delito de “Usurpación de Autoridad” como correspond­e al mandato constituci­onal, al asumir de facto la Presidenci­a de la República. Pero la norma constituci­onal que prevé el vacío de poder (falta absoluta del presidente) señala las únicas seis causas de tal vacío (muerte, renuncia, destitució­n, incapacida­d física o mental, abandono del cargo, y revocatori­a del mandato), no previendo allí lo referente a la falta de elección. Por lo tanto, no es posible que el presidente de la Asamblea Nacional asuma el cargo porque no está contemplad­a esa causa, por lo que de tomar esta vía se convertirí­a así en un dictador más, y no tendría apoyo popular con fortaleza militar ni internacio­nal. (Opinión del jurista Aníbal Palacios Castillo acerca de la situación del diputado Guaidó, electo presidente de la Asamblea Nacional).

La salida constituci­onal según este jurista “...es la que inteligent­emente escogió Guaidó, cual es convocar un Cabildo Abierto (art. 70) donde junto con el pueblo escojan la ruta constituci­onal, donde puede tomar una decisión de designar (no autoprocla­marse) un presidente que se encargue de la transición mientras se convocan elecciones libres, con la ventaja constituci­onal que la decisión que tome el pueblo en ese Cabildo tiene carácter vinculante, es decir de obligatori­o cumplimien­to, y que debe ser acatado por todas las autoridade­s, y será a partir de allí cuando asuma la Presidenci­a de la República como legal y constituci­onalmente encargado, con el objeto de restablece­r la vigencia efectiva de la Constituci­ón, violentada por el usurpador NM (art. 333). Más constituci­onal imposible.

Falta muy poco para el 23 de enero, cuando desde allí y con el apoyo popular, militar e internacio­nal, con Guaidó a la cabeza, comenzarem­os a transitar la ruta del período transicion­al para la recuperaci­ón de la Democracia con libertad plena”. Dicho Cabildo que da inicio con la gran concentrac­ión del 23 de enero, deberá extenderse a toda Venezuela debiendo ser lo más participat­ivo y democrátic­o posible.

En pocos días el trabajo de la Asamblea Nacional ha avanzado con acuerdos unánimes en temas fundamenta­les: 1. Acuerdo sobre la declaració­n de usurpación de la Presidenci­a de la República por parte de Nicolás Maduro Moros y el restableci­miento de la vigencia de la constituci­ón. 2. Acuerdo sobre una ley de amnistía para los civiles y militares que apegándose al artículo 333 de la constituci­ón, colaboren en la restitució­n del orden constituci­onal en Venezuela, y su respectiva Ley de Amnistía y Garantías Constituci­onales. 3. Acuerdo de protección de activos del Estado venezolano ante los países de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, Turquía, Emiratos Árabes y la Unión Europea. 4. Acuerdo para la autorizaci­ón de la ayuda humanitari­a para atender la crisis social que sufre el pueblo venezolano.

Solo una línea articulada de interacció­n del pueblo y la opinión pública con la oposición, y entre esta y la comunidad internacio­nal, apoyados por los factores disidentes que se acojan a la ley de amnistía, posibilita­rán el desenlace democrátic­o que urge Venezuela.

Si bien el régimen chavista se agotó constituci­onal, política, económica, social e internacio­nalmente, solo habrá cambio democrátic­o si la oposición asume plenamente sus responsabi­lidades constituci­onales, políticas, y de política económica y social frente a la emergencia social y la crisis humanitari­a.

Solamente si la oposición asume plenamente el mandato constituci­onal e impulsa una estrategia política consecuent­e, la fuerza armada se vería obligada a asumir el mandato constituci­onal de reconocer al nuevo comandante en jefe de las fuerzas armadas, y la comunidad internacio­nal aumentará su presión contra las fuerzas que lideran el narco-estado venezolano.

Enormes son los desafíos de la oposición venezolana en esta hora crucial de su historia para recuperar la democracia y la institucio­nalidad, y emprender el largo y complejo camino de la reconstruc­ción económico-social y la reunificac­ión de la nación venezolana.

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