CIDH insiste en que GOES debe abrir archivos militares
Cancillería salvadoreña anunció ayer la creación de otra comisión para revisar los planes militares que pudieron terminar en crímenes de guerra. El aviso provocó malestar en ONG.
Rechazo, dudas y disconformidad generó ayer el anuncio del Gobierno salvadoreño de crear una comisión revisora de los archivos militares para avanzar en las investigaciones de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
El anuncio lo hicieron dos representantes de la cancillería durante su participación en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revisaba los juicios salvadoreños en el marco de la derogatoria de la amnistía.
“Se creará una comisión revisadora de archivos militares vinculados al pasado conflicto armado interno”, dijo Gloria Martínez, representante de la cancillería, ante el asombro de los cuatro miembros de la sociedad civil, agrupados en la Mesa contra la Impunidad, que viajaron hasta Bolivia donde se desarrolló la audiencia de la CIDH.
Martínez fue más allá y dijo que el proyecto de la Presidencia es que esa comisión esté compuesta por cuatro miembros: un representante elegido directamente por el presidente Salvador Sánchez Cerén, un representante del Ministerio de la Defensa, la comisionada presidencial para los Derechos Humanos y un representante de las organizaciones civiles de derechos humanos, que será elegido por el presidente de la república de una terna que le presenten las ONG.
Ese anuncio provocó extrañeza a los representantes de la sociedad civil. “Venir hasta Bolivia para enterarnos de este tipo de comisiones parece que pudimos haberlo hecho antes”, dijo Manuel Escalante, representante del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y miembro de la mesa.
“Cuáles vendrían a ser las funciones de esa comisión. Se trata de sentencias que vienen desde hace dos años (sobre abrir los archivos). Que vengan ahora a crear una comisión cuando están al final del mandato de la presidencia nos llama la atención, pareciera ser más una actitud gubernamental y no del Estado”, agregó Escalante.
Minutos antes, la representante de la ONU en la audiencia, Marlene Alejos, dijo que “es obligación del Estado garantizar el acceso a los archivos y a la información. El Ministerio de la Defensa se ha negado a