Fiscalía pide antejuicio para magistrado por abuso sexual
La FGR hizo la solicitud formal ante la Asamblea. El magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador es acusado de agresión sexual en una menor.
Sábado 23 de febrero de 2019
Los diputados de la Asamblea Legislativa tendrán que decidir en los próximos días si le quitan el fuero al magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Jaime Eduardo Escalante Díaz, para que pueda enfrentar a la justicia por las acusaciones de agresión sexual contra una menor de edad.
Ayer por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud formal de antejuicio contra Escalante Díaz, quien fue arrestado el martes y luego fue enviado a su residencia gracias al fuero constitucional que lo protege.
La FGR presentó la correspondencia ante el Órgano Legislativo, tal como ordena el artículo 238 de la Constitución de la República.
Ahora los diputados deberán formar una comisión que estudie el caso, escuchar a la representación fiscal y al acusado, y luego decidir si existen los elementos necesarios para desaforar a Escalante Díaz e iniciar un proceso legal.
“Estamos dando cumplimiento al principio constitucional que nos faculta para solicitar un antejuicio en contra del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil por el delito de agresión sexual en menor incapaz agravada. Este es un requisito procesal que nos obliga como institución a recurrir ante esta honorable Asamblea Legislativa para que sea ella la que diga si hay lugar o no a formación de causa”, declaró Marina Martínez, directora de la Unidad de la Mujer, Niñez, Adolescencia, LGBTI y Grupos Vulnerables.
La acusación formal llega dos días después de que el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA) solicitó celeridad en el caso contra el funcionario.
“(El CONNA) insta a las autoridades competentes a proceder conforme a lo establecido en el artículo 236 de la Constitución de la República, Código Penal y a los principios, derechos y garantías consagrados en la Ley de Protección Integral de la Niñez y adolescencia; agilizando el antejuicio respectivo y procediendo de inmediato a investigar, procesar y sancionar el hecho delictivo atribuido al magistrado”, pidió la institución.
DETENIDO EN FLAGRANCIA
El magistrado Escalante Díaz fue arrestado el martes luego de ser acusado de agredir sexualmente a una niña en la colonia Alta Vista, municipio de Soyapango.
La madre de la agredida fue quien puso la denuncia ante la PNC, que luego inició la búsqueda del abogado y lo capturó en estado de ebriedad.
“La persona fue detenida en flagrancia. Estaba retirándose del lugar cuando pudimos capturarlo. Había dejado un vehículo abandonado que nos permitió, no solo a través del vehículo sino con un arma que había en el interior, la individualización de esta persona”, dijo el jueves el director de la PNC, Howard Cotto.
Cotto también explicó el proceso que se siguió con Escalante Díaz luego de ser capturado. “Nosotros realizamos la detención en flagrancia, presentamos a la persona ante la Asamblea Legislativa y de ahí en adelante la Policía Nacional Civil no incide en las acciones para determinar si le quitan el fuero o no. Él regresó a su casa sin custodia policial”, dijo.
Un día antes, el miércoles, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que como institución asignaron a un empleado para que vigilara al magistrado en su residencia.
“Está claro que en este tipo de casos, que es un delito muy grave, la gente espera más y ha quedado un sinsabor, sobre todo por ser un delito no solo contra la libertad sexual, sino contra un menor. Pero el procedimiento apenas inicia y seguramente habrá una investigación”, dijo ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.
“Damos cumplimiento al principio constitucional que nos faculta para solicitar un antejuicio en contra del magistrado por el delito de agresión sexual en menor incapaz agravada”. MARINA MARTÍNEZ, DIRECTORA DE LA UNIDAD DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, LGTBI Y GRUPOS VULNERABLES