Polémica entre Salgado y ministro por brazaletes
El exalcalde de San Miguel acusó al ministro de Seguridad de corrupción por el proyecto de vigilancia electrónica de reos. Ramírez Landaverde pidió a la CCR una auditoría.
“La instalación de dispositivos electrónicos ha permitido la reducción del hacinamiento. Ya se han instalado 300 de 2,800 brazaletes con los que cuenta el proyecto”. MAURICIO RAMÍREZ LANDAVERDE, MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, solicitó ayer a la Corte de Cuentas de la República (CCR) un examen especial de auditoría al proyecto de vigilancia electrónica, esto luego de la denuncia pública que hizo el exalcalde de San Miguel Will Salgado en contra del proyecto y la gestión del ministro de Seguridad.
“El sistema de brazaletes electrónicos funciona bien y los principales testigos son los jueces y juezas de todo el país que son usuarios de este sistema”, aseguró en conferencia el ministro, tras entregar la solicitud de auditoría a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Rivas.
El exalcalde denunció que los brazaletes tiene algunas carencias y “demuestran la corrupción del ministro Ramírez Landaverde” como el precio excesivo de cada brazalete y que fue una empresa nueva de un político “conocido” la que obtuvo el contrato.
Los dispositivos electrónicos fueron financiados a través de un préstamo de $6.5 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Es un sistema que tiene ya un año de funcionamiento y está funcionando adecuadamente. Una solución importante de una relevancia estratégica para la administración de justicia y para el país en general”, reiteró el ministro.
El exalcalde, sin embargo, denunció en su programa televisivo “Hablemos claro” que cada brazalete electrónico cuesta un máximo de $350 en el mercado y que el Ministerio de Justicia y Seguridad lo adquirió a precio de $1,800, cada uno. Agregó que la empresa encargada de producir los dispositivos fue creada para “ganar la licitación” y, a su vez, está asociada con otra que es propiedad de un “famoso político salvadoreño”.
“Ministro, si me quiere mandar a quitar la vida, porque usted desde guerrillero está acostumbrado a quitarle la vida a las personas, pues me vale. Hágalo”, dijo el exalcalde en televisión.
Ante esto, Ramírez Landaverde respondió ayer: “En los últimos días se han publicado noticias falsas del sistema de vigilancia electrónica. Es nuestra responsabilidad defender el proyecto y las personas involucradas en su implementación”.
Salgado también aseguró que los brazaletes son obsoletos, pues tienen un chip con poca cobertura. “Si el preso bota el teléfono o lo apaga, ya no saben dónde está. Un
hecho que no tiene sentido debido a que la persona puede estar en cualquier lado y las autoridades asumirán que se encuentra donde lo indique el chip, aunque esto no sea así”, indicó.
Además dijo que se decidió a hacer pública la denuncia porque el ministro de Seguridad busca licitar otros $5 millones para financiar 2,500 brazaletes más. “Solamente porque ya va de salida y quieren dejar barridas las arcas del Estado”, agregó.
“Estamos valorando las acciones (legales en contra del exalcalde) que podamos tomar más adelante”, enfatizó el ministro de Seguridad durante la conferencia.
BRAZALETES EN CIFRAS
Los privados de libertad que han sido beneficiados con los dispositivos suman unos 300, según cifras oficiales del Ministerio de Seguridad. Eso representa solo el 10.7 % del total de brazaletes adquiridos hace un año por las autoridades de Seguridad Pública.
En octubre de 2018, los dispositivos electrónicos en uso eran 155. La proyección inicial del ministerio era instalar 280 por mes.
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, justificó la lentitud del proyecto asegurando que “todavía los jueces no han considerado con fuerza esta solución”.
Los brazaletes electrónicos son instalados bajo la orden de un juez a reos que cometieron algún delito menor o en fase de confianza desde diciembre de 2017.