Absuelven a policías acusados de introducir ilícitos a bartolinas
Juez dijo que hubo contradicciones en acusación. La FGR busca apelar la resolución judicial.
LA FISCALÍA LO ACUSÓ EN 2014 DE MOVILIZAR CASI 10 TONELADAS DE COCAÍNA Y UNOS $7.5 MILLONES EN EFECTIVO, ENTRE 2005 Y 2012, ENTRE PANAMÁ Y GUATEMALA. LO RELACIONARON CON EL MEXICANO CARTEL DE SINALOA.
El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador absolvió ayer a 12 personas, entre ellas ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), acusadas de introducir objetos prohibidos a centros penales, incumplimiento de deberes y agrupaciones ilícitas.
La absolución dada por el juez Séptimo de Instrucción, Miguel García, está basada en que, a su criterio, existieron contradicciones entre lo expuesto por el testigo criteriado identificado con la clave Dante y las pruebas documentales presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Considera este juzgador que la conducta de los procesados (...) no se adecua a los delitos atribuidos por existir una serie de contradicciones en la entrevista del testigo criteriado denominado clave Dante, que hacen que el mismo carezca de valor por no existir elementos que corroboren su relato”, se lee en la resolución del juez, según un comunicado de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.
La fiscalía acusaba a los policías de colaborar con supuestos pandilleros para introducir objetos ilícitos a las bartolinas de la delegación Centro, ubicadas en la calle Concepción, de San Salvador, donde todos los policías estaban destacados en la Unidad de Servicios Extraordinarios de la PNC.
El fiscal sostuvo que entre los ilícitos encontrados había porciones de marihuana y chips de celulares. Tras el fallo dijo que apelarán ante un tribunal superior debido a que consideran que existen elementos para que el caso llegue a la etapa de sentencia. Silvia Romero, abogada defensora, calificó como “irresponsable” la acusación fiscal. INMUEBLES DE JORGE ULLOA SIBRIÁN, “EL REPOLLO”, UBICADOS EN GUATEMALA FUERON DECOMISADOS POR ESE PAÍS.
“Tenemos un plazo de cinco días para analizar la resolución. Vamos a considerar impugnar la resolución ante la Cámara de lo Penal”. FISCAL DEL CASO