Guatemala busca arreglo por conflicto minero
Guatemala buscará arreglo ante riesgo de perder la demanda de $300 millones ante el CIADI por la suspensión de operaciones de una mina en 2016.
Guatemala buscará un arreglo con una minera de capital estadounidense-canadiense ante el riesgo que corre de perder una demanda de $300 millones presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la suspensión de las operaciones de una mina en 2016.
“Tenemos ese riesgo y vemos cuesta arriba el caso”, manifestó este martes el ministro de Economía, Acisclo Valladares, quien fue citado junto a otras autoridades por la comisión de energía y minas del Congreso para conocer las implicaciones que tiene la demanda por el caso de la mina Progreso VII Derivada.
El funcionario explicó que se está en el proceso de seleccionar al panel de arbitraje después de que el pasado diciembre el CIADI admitió la demanda presentada por los estadounidenses Daniel W. Kappes, Kappes, Cassiday & Associates.
La mina de oro y plata Exploraciones Mineras de Guatemala es una filial de la estadounidense Kappes Cassiday & Associates (KCA) y también cuenta con capitales canadienses. La demanda internacional fue presentada por la suspensión en 2016 de las operaciones de la mina, que está entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, a unos 27 kilómetros al norte de la capital guatemalteca.
Las operaciones fueron suspendidas por una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, que argumentó que no se realizó una consulta a las comunidades antes de otorgar la licencia de explotación.
El ministro de Economía dijo que Guatemala buscará un arreglo con la empresa porque el impacto del resultado de la demanda para el país puede ser negativo y ahuyentar la inversión. “Es difícil cuantificar el impacto porque con estos casos se afecta al potencial inversionista, ya que cuando se promociona a Guatemala en el extranjero sale a luz el tema de las minas”, dijo el funcionario a los diputados.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Luis Chang, explicó que en el país “no existe un reglamento definido para realizar un proceso de consulta”, y que solo se hace mediante una resolución jurídica.
El ministro dijo que la corte no ha resuelto la apelación que presentó en junio de 2016 contra el amparo que favoreció al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala.
MULTINACIONALES LA MINA ES FILIAL DE KAPPES CASSIDAY & ASSOCIATES DE EUA Y CUENTA CON CAPITAL CANADIENSES.