Hay dos batallas que hay que librar constantemente y con total empeño: contra la impunidad y a favor de la transparencia

Si algo ha caracterizado en positivo lo que se viene dando en el escenario nacional del presente es la apertura cada vez mayor hacia el conocimiento de lo que realmente ocurre en todos los ámbitos de nuestra realidad, y en particular en el ámbito público. Esto va haciendo ver que hay muchas cosas por esclarecer y por corregir, comenzando por las conductas tradicionalmente prevalecientes en las esferas más elevadas del poder. Así se han dado progresivos destapes de la corrupción institucional, poniendo en evidencia que el abuso y el aprovechamiento han ido llegando a límites inconcebibles. En ese sentido, la transparencia viene ganando terreno, poniendo a la impunidad al desnudo de una manera sin precedentes. Pero hay que aclarar de inmediato que lo logrado hasta la fecha en esos campos es sólo el comienzo de una tarea que requiere empeños y compromisos cada vez más consistentes.

Las instituciones directamente encargadas de velar por la probidad y por la limpieza en el desempeño de la función estatal se han hecho cada vez más visibles en la prosecución de los esfuerzos que les corresponden para que la ley impere, y no es circunstancial ni mucho menos casual, entonces, que entidades como la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República hayan pasado a estar en la primera línea de la atención ciudadana, pese a todas las maniobras que, desde fuerzas y sectores interesados, han querido mantenerlas bajo su control.

Asegurar la transparencia y eliminar la impunidad deben ser objetivos primordiales dentro del ejercicio de la función pública en sus variadas expresiones. Esto implica contar con todos los instrumentos necesario para que tal propósito esencial pueda llevarse a cabo. En estos días, precisamente, ha revivido el interés por darle vida a una Ley de la Función Pública que venga a sustituir actualizadamente a la Ley del Servicio Civil, que data de 1961, y que por supuesto ya no responde a las exigencias y a los compromisos de la época actual, en primer lugar porque la concepción y la práctica del poder son muy distintas a las de aquellos entonces. Hay, pues, que renovar los marcos legales, profundizar la vigilancia del funcionamiento y garantizar los derechos propios del quehacer democrático.

Tanto en la consolidación de la transparencia como en la cruzada contra la impunidad hay muchísimo por hacer. Y el elemento más significativo en esa línea es el enfoque ciudadano, que está más presente que nunca. Lo que no debe descuidarse en ningún momento es la atención que toda esta temática requiere para que no haya desvíos ni cubrimientos de ninguna índole. Como debe ocurrir siempre, la ciudadanía y la institucionalidad tienen que ir de la mano en esos empeños.

Ojalá que en el período gubernamental que está por iniciarse prevalezcan los principios sistematizados sobre las pasiones emergentes. Nuestro sistema está urgido de funcionalidad y de predictibilidad.

Hay que apostarle al éxito en el cumplimiento de tareas tan decisivas para que el país funcione de veras; y esa apuesta necesita efectividad comprobable. Es lo que habría que ir midiendo centímetro a centímetro en el avance progresivo.

OJALÁ QUE EN EL PERÍODO GUBERNAMENTAL QUE ESTÁ POR INICIARSE PREVALEZCAN LOS PRINCIPIOS SISTEMATIZADOS SOBRE LAS PASIONES EMERGENTES. NUESTRO SISTEMA ESTÁ URGIDO DE FUNCIONALIDAD Y DE PREDICTIBILIDAD.