Congreso discute la ciudadanía para migrantes
Grupo hispano promete ley que dé ciudadanía a indocumentados con DACA, TPS y DED.
El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos (CHC, por su sigla en inglés) prometió ayer una propuesta de ley que dé la ciudadanía a miles de indocumentados, incluyendo los amparados por el programa de Acción Diferida (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el de Partida Forzada Diferida (DED). “Tenemos el compromiso del liderazgo demócrata de que pasaremos una ley que proteja a los titulares de DACA, TPS y DED. (...) Es crucial que aprobemos este tipo de legislación para que puedan llamar a nuestra nación su hogar”, dijo el presidente del CHC, Joaquín Castro, en una rueda de prensa.
“Necesitamos estar a la altura de los valores estadounidenses”, agregó. Castro hizo estas declaraciones rodeado de decenas de inmigrantes protegidos actualmente por esos programas y por varios de sus colegas del Caucus Hispano, como los representantes Nydia Velázquez, Sylvia García, Chuy García y Verónica Escobar, entre otros.
Precisamente, Velázquez, que representa el distrito 7 de Nueva York, anunció que presentará una propuesta de ley para proteger a esos inmigrantes “la próxima semana”.
“La legislación en la que estoy trabajando les otorgará la oportunidad de convertirse en titulares de la tarjeta de residente permanente (“green card”, en inglés) y, luego, en ciudadanos”, explicó la congresista.
En sus intervenciones, los miembros del CHC cargaron contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por intentar eliminar el DACA y cancelar varios programas del TPS y del DED,
OPCIONES
EN LOS ÚLTIMOS MESES, DONALD TRUMP HA CANCELADO EL TPS PARA PAÍSES COMO HAITÍ, NICARAGUA, EL SALVADOR Y HONDURAS, OBLIGANDO A SUS NACIONALES A ELEGIR ENTRE BUSCAR OTRAS VÍAS PARA LEGALIZAR SU ESTADO, VIVIR SIN DOCUMENTACIÓN O REGRESAR A SUS PAÍSES.
y pidieron a sus colegas republicanos que apoyen legislaciones para regularizar la situación de cientos de miles de indocumentados.
El programa DACA, promulgado en 2012 por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación, y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a una licencia de conducir, beneficios que deben renovar cada dos años.