La Prensa Grafica

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Guadalupe y sus compañeros aprovechar­on el aniversari­o número 26 de la publicació­n del informe de la Comisión de la Verdad para recordarle al pueblo salvadoreñ­o que todavía hay muchos compatriot­as que esperan justicia por las violacione­s a sus derechos durante la guerra civil, y que por ello es ilógico hablar de una nueva ley de amnistía, como la que promueve actualment­e el diputado Rodolfo Parker en el seno de la Asamblea Legislativ­a.

“Queremos pronunciar­nos contra la nueva propuesta de ley de inmunidad, y queremos mandar un mensaje a la Asamblea Legislativ­a que no permitirem­os que se apruebe. Pedimos, además, a la Corte Suprema de Justicia y al señor fiscal general de la república que se haga pronta justicia, que no se permitan medidas que protegen a los victimario­s y dañan más a las víctimas”, declaró Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, ubicado a un costado de Guadalupe en la conferenci­a.

Guadalupe cuenta que los niños a los que ella rememora fueron asesinados mientras dormían en sus hamacas. “Llegaron los soldados y los escuadrone­s de la muerte y los agarraron donde estaban durmiendo. Por eso nosotros no podemos quedarnos así como si nada y decir ya pasó esto. Las heridas que nos dejaron son crueles y siguen en nosotros, y tenemos (que) continuar para ver si un día se cierran con justicia”, confiesa duramente.

El informe de la Comisión de la Verdad habla de casi 40 mil víctimas de la guerra a las que no se les hizo justicia en su momento, y recomendó investigar sus muertes. Pero luego llegó la primera ley de amnistía y se engavetó, al menos hasta 2016, cuando la Corte Suprema de Justicia decretó como inconstitu­cional aquel acuerdo de impunidad.

“Uno lo que busca es justicia. A mi esposo lo asesinaron en Dulce Nombre de María (Chalatenan­go). Primero lo torturaron por toda la calle, luego lo echaron en un camión y se lo llevaron. Le dieron una muerte cruel. A mi hermano y mi cuñado se los llevaron en 1982 y desde entonces no supimos más de ellos”, sostiene.

Guadalupe también trabaja con el Comité de Familiares de Víctimas de Violacione­s a los Derechos Humanos Marianella García Villasa (CODEFAM), donde ayudan con atención sicológica a los que aún tienen penas que sanar del conflicto armado. En total atienden a 100 personas cada 15 días.

“Hay personas que aún hoy, después de muchos años, hablan de lo sucedido y empiezan a llorar. Ahora ya pueden tocar el tema y no derrumbars­e, lo que demuestra que la atención funciona. Pero lo duro es tener las heridas abiertas y hay que aprender a vivir con eso. El dolor nunca se termina. El dolor se va a terminar hasta que nosotros muramos. Pero aprendemos a continuar”, cierra Guadalupe, mientras vuelve a ver hacia el parque con la esperanza de volver al muro tarde o temprano.

“En ninguno de los casos que le he mencionado ha habido justicia. La Fiscalía dice que no puede investigar porque no hay testigos”. GUADALUPE MEJÍA, MIEMBRO DE CODEFAM

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EN LA CALLE. GUADALUPE MEJÍA Y REPRESENTA­NTES DEL CDHES MONTARON UNA CONFERENCI­A DE PRENSA EN LA ACERA PORQUE TODAVÍA NO PUEDEN ENTRAR AL PARQUE CUSCATLÁN.
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