El clientelismo y el nepotismo deben ser erradicados a fondo para sanear nuestro sistema de vida institucional

Una de las lacras más visibles y repudiables que han surgido de la forma irregular y abusiva en que se viene manejando buena parte de los asuntos públicos en nuestro país es la que encarna en el nepotismo y en el clientelismo, que son prácticas que han invadido los aparatos estatales con creciente impunidad a lo largo del tiempo. Es digno de señalamiento y de especial atención el hecho de que sea precisamente en el curso de la democratización donde estos vicios de la conducta vengan teniendo tanto despliegue. Si comparamos lo que pasaba en los períodos del autoritarismo de raíz principalmente militar con lo que se ha producido respecto de esta temática en la fase democratizadora en curso, no deja de sorprender que haya un deterioro que no tiene explicaciones sencillas.

En el sistema público nacional han tomado cuerpo de ciudadanía, entre otras distorsiones inocultables, algunas prácticas que son realmente injustificables y de muy mal ejemplo, como el desborde de las asesorías que se da en los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. Es cierto que en algunas situaciones muy específicas los diputados necesitan asesoramientos bien concretos; pero lo que no tiene base es la desbordante contratación de asesores permanentes, muchos de los cuales son funcionarios que por una razón u otra han dejado sus anteriores posiciones y los partidos respectivos buscan asegurarles ubicación.

El nepotismo también está a la orden del día, y con un desenfado que parece no tener límites. Muchos funcionarios contratan a sus parientes sin comprobar la idoneidad mínima que las respectivas plazas exigen. Esta práctica no sólo es moralmente repudiable sino que tiene efecto inmediato en los niveles de ineficiencia que se han venido instalando en el aparato público.

Es vital para que el sistema pueda mantener su propia salud, y así se garanticen los desempeños correctos y eficaces, que todo el comportamiento institucional esté regido por principios de respeto y

ESTA PRÁCTICA NO SÓLO ES MORALMENTE REPUDIABLE SINO QUE TIENE EFECTO INMEDIATO EN LOS NIVELES DE INEFICIENCIA QUE SE HAN VENIDO INSTALANDO EN EL APARATO PÚBLICO.

de idoneidad. Tiene que existir, por supuesto, la legislación pertinente para evitar y castigar los abusos que tanto daño le causan al sistema. Sobre todo en este momento coyuntural en que se avivan las tentaciones de conservar puestos y de reubicar a personas que tenían posiciones y que aspiran de alguna manera a conservarlas usando todos los artilugios conocidos, se hace aún más oportuno intensificar los esfuerzos para que este tipo de conductas institucionales sean erradicadas a fondo y permanentemente.

Cuando desde los espacios ciudadanos se perciba que hay una voluntad comprobable de superar toda burla y todo quebranto a la normatividad del sistema, de seguro la ciudadanía se sentirá dispuesta a otorgar confianza a los que se muevan con ánimo correcto y correctivo en todos los niveles del mismo. Y en tanto eso no ocurra los salvadoreños seguiremos padeciendo los efectos de la frustración y de la cólera que eso va dejando en el camino.

Esperamos que las lecciones surgidas de las recientes decisiones populares no sólo se asimilen sino que también se conviertan en motores de rectificación. Es lo que más serviría a los intereses nacionales.