Papa pide reportar denuncias de abusos sexuales
Este cambio de política busca convertirse en el ejemplo para la Iglesia católica en el mundo.
El papa Francisco promulgó ayer una nueva y amplia legislación sobre abusos sexuales para el personal del Vaticano y los diplomáticos de la Santa Sede en el extranjero que requiere que las denuncias sobre presuntos abusos se reporten de inmediato a la fiscalía
vaticana.
Es la primera vez que el Vaticano eleva a ley el requisito sobre los reportes obligatorios por parte de los funcionarios católicos, quienes deberán informar sobre las denuncias de supuestos abusos sexuales a la policía o enfrentarán multas y posibles condenas de cárcel.
Francisco hizo públicas, además, directrices para la protección de menores en la ciudad-estado del Vaticano y en su seminario para jóvenes, tras el escándalo mundial sobre abusos sexuales que resurgió el año pasado y luego de que The Associated Press reveló que la institución no tenía ninguna política para proteger a los menores de los curas pederastas.
Por primera vez, la ley ofrece una definición explícita de “personas vulnerables”, que tienen derecho a las mismas protecciones que la ley eclesiástica ofrece a los menores. El Vaticano enmendó su ley canónica sobre abusos sexuales para incluir a “adultos vulnerables” hace varios años, pero nunca había definido esta categoría.
Según la nueva definición vaticana, una persona vulnerable es aquella que esté enferma o sufra una deficiencia física o psiquiátrica, no pueda ejercer su libertad personal, aunque sea ocasionalmente, y tenga una capacidad limitada para entender u oponerse a un delito.
La cuestión de si los seminaristas adultos, las monjas y otros adultos que dependen emocional o financieramente del clero pueden considerarse “personas vulnerables” surgió tras el escándalo del excardenal Theodore Mccarrick, un ex alto cargo de la Iglesia en Estados Unidos acusado de abusar de seminaristas, y las revelaciones de que curas y obispos se aprovechan sexualmente de religiosas.
La nueva ley afecta a todo el personal que vive y trabaja en el Vaticano, una ciudad-estado de 44 hectáreas (110 acres) ubicada en el centro de Roma, además de al vasto cuerpo diplomático de la Santa Sede en sus embajadas de todo el mundo.
LA NUEVA LEGISLACIÓN EXIGE QUE CUALQUIER FUNCIONARIO DE LA SANTA SEDE QUE TENGA CONSTANCIA DE UN ABUSO DEBE REPORTARLO A LA FISCALÍA VATICANA.