Es urgente encaminarse hacia una política de convivencia y de inclusión que permita una nueva dinámica nacional
ESTE VA A SER EL RETO MÁS APREMIANTE DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN QUE ENTRARÁ EN FUNCIONES EL PRÓXIMO 1 DE JUNIO: ORGANIZACIÓN Y NO IMPROVISACIÓN; SENSATEZ Y NO IMPULSIVIDAD; INTERACCIÓN Y NO ATRINCHERAMIENTO.
La realidad a la que se enfrenta día a día el quehacer ciudadano es sin duda el principal reto para la institucionalidad del país, en todas las áreas de ésta. Prácticamente a lo largo de toda esta época posterior a la terminación del conflicto bélico por la vía negociada se ha venido haciendo cada vez más urgente mover voluntades y estructurar esfuerzos en función de hacer valer las normativas y los valores democráticos por encima de las declaraciones y en función de las acciones. Y lo más curioso es que el ejemplo de cómo se logró la conclusión del conflicto bélico no pareció calar en los ánimos posteriores de cuantos pasaron a ejercer el protagonismo de la conducción nacional.
Ahora los salvadoreños de todos los orígenes y de todas las posiciones nos vemos apremiantemente compelidos a entrar en razón, sin excusas ni pretextos de ninguna índole, para salvaguardar el proceso evolutivo en sus diversas manifestaciones, ya que de no hacerlo así, podríamos entrar muy fácilmente en fase regresiva, con los efectos devastadores que eso acarrea. Y el estar en estos precisos instantes ante el inicio de una nueva gestión presidencial que trae muchas incógnitas consigo debe convertirse en el mejor y más apremiante estímulo para impulsar lo que sea necesario a fin de que el país asegure un rumbo correcto, ordenado, previsible y progresista.
Urge actuar, pues, y todas las iniciativas pertinentes deben ser acogidas y acompañadas. Al respecto, y como caso al que hay que darle el seguimiento debido, tenemos la iniciativa que se orienta hacia una política metropolitana de seguridad. Tal iniciativa parte de una alianza entre gobiernos, tanto central como municipales, sociedad civil y sector empresarial, con el propósito de fortalecer dichos gobiernos, convertir los espacios públicos en lugares seguros e inclusivos, empoderar a la población del área metropolitana y crear una coalición que vele por la inclusión social y genere oportunidades. El esquema es muy prometedor, pero lo verdaderamente importante es que funcione
efectivamente en los hechos, de manera suficiente y progresiva.
En todo caso, la convivencia y la inclusión van de la mano. Necesitamos convivencia pacífica en el pleno sentido del término; y a la vez necesitamos inclusión que vaya aparejada a la creación de oportunidades que permitan la autorrealización personal y colectiva. Este va a ser el reto más apremiante de la nueva Administración que entrará en funciones el próximo 1 de junio: organización y no improvisación; sensatez y no impulsividad; interacción y no atrincheramiento.
Lo que se impone, en verdad, para todas las fuerzas nacionales y sus respectivos liderazgos es un replanteamiento integrador de las responsabilidades y de los propósitos generales. Cualquier aislamiento divisivo será un factor de extrema negatividad, cuando lo que necesitamos es lo contrario.
Hay que honrar el ejemplo visionario del pueblo salvadoreños a lo largo de todas las vicisitudes que ha tenido que afrontar. Son hoy los actores nacionales los que deben dar dicho ejemplo, como expresión de la lógica evolutiva en marcha.