SEGURIDAD: PANDILLAS BUSCAN NUEVA TREGUA
Las autoridades de Seguridad Pública dijeron que pandillas buscan presionar al gobierno entrante por medio del incremento de los homicidios para conseguir un nuevo pacto que les permita lucrarse de operaciones ilícitas.
Las autoridades de Seguridad Pública dijeron ayer que las estructuras delincuenciales, en especial la Mara Salvatrucha (MS-13), buscan una nueva tregua con el gobierno entrante para recuperar los beneficios que tenían con el pacto instaurado durante el mandato del expresidente Mauricio Funes. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que los grupos criminales ven una oportunidad con el nuevo gobierno para recuperar “ciertas condiciones que les otorgó algunos beneficios”.
El auge en la violencia, de acuerdo con el titular de Seguridad Pública, está relacionado –como en dos ocasiones anteriores– a un evento político importante: la toma de posesión del nuevo gobierno. “No podemos pasar por alto la estrecha relación de los períodos de incremento de la violencia con situaciones políticas
“Hay una intención de exponer a las autoridades entrantes con la posibilidad de bajar la violencia, pero a través del cumplimiento de condiciones”. MAURICIO RAMÍREZ LANDAVERDE, MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA
“No es una petición nueva, pero están queriendo mandar un mensaje sobre esta situación. Pretenden que las medidas de los centros penales puedan disminuir”. HOWARD COTTO, DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL
importantes”, dijo.
Uno de los casos, según el ministro, fue antes de las elecciones de alcaldes y diputados en 2018, durante octubre y noviembre de 2017 y; luego, a finales de 2018 e inicios de 2019, antes de los comicios presidenciales.
“Hay una clara intención de exponer a las autoridades entrantes con la posibilidad de bajar la violencia, pero a través del cumplimiento de determinadas condiciones”, dijo el ministro.
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que las pandillas buscan que el nuevo gobierno les asegure la disminución de las medidas de seguridad en los centros penales y una baja de la operatividad por parte de los elementos policiales y de la Fuerza Armada.
El director policial, además, dijo que a los integrantes de pandillas les interesa recibir a sus familiares, amigos y defensores en las cárceles, para volver a tener el control de las estructuras delincuenciales desde prisión.
“La obtención de beneficios penitenciarios es la más importante. Las condiciones actuales no les permiten ser beneficiados con traslados de centros penitenciarios a ordinarios”, dijo el ministro de Seguridad Pública.
Además, las pandillas buscan
que la PNC y la Fiscalía General de la República ya no investiguen sobre sus operaciones de carácter financiero o logístico, dijo Cotto.
Ramírez Landaverde añadió que cuando las autoridades de Seguridad Pública han incautado los bienes de las pandillas, en casos judiciales como Jaque o Tregua, el Estado afecta directamente el ánimo de lucro que tienen como organizaciones ilícitas.
“En estos cinco años se han incautado bienes millonarios afectando las redes de lavado de dinero”, añadió el ministro.
Las autoridades especifican que las pandillas realizan estas alzas en los homicidios para obtener un entorno de comercio ilícito más favorable y superar el “perjuicio y daño a las finanzas” causados por la desarticulación de sus organizaciones.
Cotto, además, explicó que otra de las exigencias de los pandilleros, en especial de la MS-13, es que la corporación policial investigue “de manera tendenciosa” a los agentes supuestamente involucrados por realizar ejecuciones extrajudiciales.
El ministro de Seguridad, sin embargo, advirtió que un nuevo pacto con las pandillas no solamente afectaría al gobierno saliente o entrante, o a un sector en específico, sino que representaría una amenaza contra el Estado salvadoreño y la economía.
HOMICIDIOS RECIENTES
La fiscalía reportó ayer por la mañana el homicidio de un joven no identificado en el caserío Petacones, cantón El Ángel, ubicado en el municipio de Apopa, en el departamento de San Salvador.
Las investigaciones preliminares de la policía determinaron que el joven era estudiante del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (INFRAMEN).
La víctima, de acuerdo con los agentes, fue interceptada por varios hombres cuando iba al centro escolar.
En otro hecho de violencia, las autoridades reportaron el hallazgo del cadáver de un hombre en estado de putrefacción en el cantón Santa Rosa, calle antigua a Nejapa, en las cercanías de la iglesia Shalom, ubicada en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.
Los investigadores oculares y periciales de la PNC determinaron que la víctima tenía heridas provocadas con arma blanca y varios impactos de bala; sin embargo, no fue identificado por carecer de documentos.
También, la FGR reportó otro hombre fallecido en el río Tomayate, en la urbanización Majucla ubicada en el municipio de Cuscatancingo, del departamento de San Salvador.
Sin embargo, los investigadores no encontraron evidencia de lesiones en el cuerpo.
Las cifras oficiales de la PNC contabilizan 1,065 homicidios durante 2019. De esos, 19 eran elementos de la PNC y 11 de la Fuerza Armada.