Acuerdo en el caso de Saca fue hecho con el fiscal general anterior
El trámite fue autorizado en julio de 2018 y se concretó hasta este año.
German Arriaza, director Contra la Corrupción e Impunidad de la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que el procedimiento abreviado por cohecho para el expresidente Antonio Saca fue autorizado de forma conjunta con el de lavado de dinero “en la administración
fiscal anterior”.
La autorización a la que se refiere Arriaza es la emitida el 5 de julio del año pasado por el entonces fiscal general de la República Douglas Meléndez, ante la petición del equipo de abogados del expresidente de someterse al procedimiento abreviado.
Esta modalidad del juicio abreviado está contenida en el Código Penal y es aplicable para una variedad de delitos.
“Es una forma de resolver los casos de forma anticipada, en los que por la fortaleza probatoria no queda otra opción que confesar el hecho atribuido. La apuesta como Fiscalía no solamente es lograr la responsabilidad penal, que de hecho es muy importante, sino también lograr que devuelvan al Estado la totalidad del dinero sustraído”, comunicó Arriaza a LA PRENSA GRÁFICA a través del equipo de comunicaciones de la Fiscalía.
Arriaza señala que en Estados Unidos, “más del noventa y cinco por ciento de sus casos se resuelve por esta vía”.
La autorización emitida por el entonces fiscal general Meléndez tiene que ver con el caso de peculado y lavado de activos, ventilado en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
Los abogados del expresidente señalaron que Saca se comprometía a cumplir con los requisitos legales que se exigen para tal procedimiento. Para ello, pidió una pena de dos años por peculado.
Además, también pidió acogerse a ese procedimiento en el caso de cohecho activo que llevaba el Tribunal Noveno de Instrucción de San Salvador, también por dos años.
Es más, la solicitud original pedía cambiar la pena por trabajos de utilidad pública, pero el fiscal Meléndez dejó en manos de los jueces la posibilidad de rechazar tal pretensión.
En el acuerdo se establece que la extinción de dominio se somete a la normativa constitucional y legal vigente. 10 años