PERSISTEN CASOS DE SECUESTROS EN EL PAÍS
La unidad especializada de la Fiscalía en secuestros considera que quienes están detrás de ese delito son bandas que conocen información íntima de las víctimas. Sin embargo, han conocido algunos casos donde los responsables son pandilleros.
Julio Umaña, de 21 años, es la víctima más reciente a causa de los secuestros en El Salvador. Julio era un exjugador de la Asociación Deportiva Isidro Metapán y fue secuestrado el 16 de abril pasado. El caso fue manejado con hermetismo por la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes negociaban el rescate.
Una semana después de estar secuestrado, las autoridades encontraron el cadáver de Julio en el cantón La Criba, en el municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana. La versión oficial del caso es que la banda de secuestradores pedía $500,000 por liberar a Julio, pero bajaron el monto a $20,000 cuando ya lo habían matado porque la víctima intentó escapar de sus raptores.
Las estadísticas oficiales de la PNC dan cuenta de 31 secuestros desde 2017. Las autoridades recibieron 15 reportes de secuestros por año, en 2017 y 2018, mientras que para finales de abril, en 2019, las autoridades sumaban a la lista el caso de Julio.
El informe de la corporación policial, que fue solicitado por LA PRENSA GRÁFICA por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), refleja que en 2018 fueron dos los municipios con el índice más elevado de secuestros: San Martín (San Salvador) y San Miguel con dos casos cada uno.
La Unidad Especializada del Crimen Organizado de la Fiscalía General de la República (FGR) asegura que el 90 % de los casos de secuestro que investigan termina con éxito. Las autoridades, sin embargo, detallaron que el caso de Julio fue diferente porque la víctima intentó escapar.
En 2017, sin embargo, los datos revelaron que el municipio con más secuestros fue Nahuizalco, ubicado en el departamento de Sonsonate, con cuatro casos.
El artículo 149 del Código Penal especifica que lo que le sucedió a Julio fue un secuestro y no una privación de libertad. La característica principal para que un secuestro sea denominado como tal es que los captores exijan una condición a la familia de la víctima para ponerla en libertad.
La condición, de acuerdo con la ley, puede ser un rescate, una condición o que la autoridad pública realice o, incluso, deje de hacer un determinado acto. Las autoridades, de lo contrario, catalogan al hecho como una privación de libertad.
SECUESTROS EXPRÉS
A esta categoría de secuestros, en 2005, las bandas incursionaron en lo que las autoridades denominaron como “secuestros exprés”.
Uno de los fiscales especialistas de la Unidad Especializada del Crimen
Organizado, quien pidió anonimato, dijo que esta “nueva” clasificación de secuestros tiene un fin principalmente ligado a la extorsión por parte de los grupos criminales.
La característica principal de los secuestros exprés, según la fuente, es que “es bastante corto el tiempo que duran estas privaciones de libertad; son lapsos de horas, inclusive dos o tres”.
El especialista de la Fiscalía, sin embargo, explicó que tras las investigaciones de la FGR descubrieron que algunos de esos casos resultaban “autosecuestros”. “Hay hasta autosecuestros de personas que fingen estar secuestradas por un grupo de pandilleros, cuando no es cierto. Lo hacen para pedir dinero a sus familiares”, agregó.
La unidad fiscal, sin embargo, explicó que no tienen casos de secuestros exprés desde 2018, pues las desapariciones que ahora ocurren son consideradas como privaciones de libertad.
PANDILLAS DETRÁS DE CASOS DE SECUESTROS
El miembro de la unidad fiscal detalla que aunque son generalmente las bandas especializadas quienes dedican su accionar delictivo a planificar secuestros, las pandillas no quedan fuera de la ecuación.
Tal es el caso de Edwin Noé Fuentes Alfaro, también conocido como “Pato”, quien es un pandillero condenado a 30 años de prisión a inicios de 2018 por formar parte de una banda de secuestradores exprés.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, determinó con base en las investigaciones fiscales que Fuentes Alfaro recibía “cuantiosas cantidades de dinero” a cambio de liberar a sus víctimas.
Él, junto con nueve compañeros, cometieron varios secuestros en el municipio de Zacatecoluca y luego llevaban a las víctimas a una casa abandonada ubicada en el cantón El Maneadero, de dicho municipio. Durante los secuestros, de acuerdo con la Fiscalía, pedían rescates a las familias de las víctimas que rondaban entre $25,000 y $40,000.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la mayoría de las bandas no están relacionadas a las pandillas, pues “no les es lucrativo secuestrar, ya que para ellos es más fácil con la sola presencia de una persona que está tatuada exigirle dinero, a tener toda una logística de tener a una persona en una casa de cautiverio, negociaciones y movimientos de vehículos”.
HERMETISMO EN LOS CASOS DE SECUESTRO
LA PRENSA GRÁFICA buscó la opinión de la DECO y de la Subdirección de Investigaciones de la corporación policial, sin embargo, en varias ocasiones dijeron no estar disponibles para hablar sobre el tema de secuestros en El Salvador.
Un agente de la DECO dijo, de manera no oficial, que por lo general los casos de secuestros son manejados con hermetismo por las autoridades debido a que involucran a víctimas con alto poder económico, como empresarios e implica un nivel de planificación, donde la banda criminal conoce detalles íntimos tanto de la familia, como de la víctima.
En el caso de Julio, la Fiscalía reportó que los supuestos secuestradores están acusados de homicidio agravado en contra del exjugador del Isidro Metapán.
Además, por orden del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, seguirán detenidos mientras enfrentan el juicio.
“Con los secuestros generalmente son bandas las que se dedican a esta actividad porque para las pandillas no les es lucrativo secuestrar, pero se han dado casos”.
INVESTIGADOR,
UNIDAD ESPECIALIZADA DEL CRIMEN ORGANIZADO DE LA FGR