FGR analiza conceder pena mínima a vinculado en corrupción de Saca
César Funes padre presentó bienes como garantía de pago de responsabilidad civil. FGR ratificó que no tiene acuerdo con Ana Ligia de Saca.
Negociación. La Fiscalía General de la República (FGR) y los abogados de César Funes Cruz, uno de los vinculados a la corrupción del expresidente Antonio Saca y padre del ex secretario de Juventud, retomaron desde ayer las negociaciones para que Funes Cruz admita ante un juez que participó en una red de lavado de dinero, a cambio de una posible condena mínima de tres años sin ingresar a prisión y el reintegro de $1.3 millones al Estado.
Los abogados de Funes Cruz informaron ayer al Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, donde se desarrolla el proceso, que por la mañana entregaron a la fiscalía unos documentos que garantizan el pago de los $1.3 millones en concepto de responsabilidad civil, en caso de que la condena dictada por el juez incluya el reintegro del dinero reclamado por el ministerio público.
“Hemos hecho una oferta en firme de entrega de
ciertos inmuebles por los cuales ya hay avalúos para que se tenga garantizada la responsabilidad civil. Debemos tener en consideración que la responsabilidad civil nace con la sentencia que en su momento dicte un juez en un procedimiento abreviado. Aquí lo que se está haciendo es garantizando de una manera cierta que esa responsabilidad se va a cumplir”, dijo Miguel Girón, abogado del publicista.
Funes Cruz, padre del ex funcionario, es uno de los siete imputados en el caso que en abril pasado mostró interés en negociar con la fiscalía una posible reducción de condena a cambio de declararse culpable del delito de lavado de dinero frente a un juez, tal como lo había pactado la ex primera dama Ana Ligia de Saca. Los otros 11 procesados en el caso de momento no anunciaron negociaciones con la FGR.
German Arriaza, director fiscal contra la Corrupción y la Impunidad, comunicó el lunes pasado que, a pesar de las negociaciones que sostuvieron con Ana Ligia de Saca y César Funes Cruz, la fiscalía solicitaría al juez instructor que no aplicara ningún proceso
abreviado (confesión de delito para reducir condena) porque las conversaciones con los procesados no dieron resultado.
Luego de conocer la entrega de documentación que garantiza el posible reintegro del dinero por parte de Funes Cruz, los fiscales del caso y los abogados defensores coincidieron en solicitar al juzgado instructor que suspendiera la audiencia para analizar los documentos. El juez dio como plazo hasta hoy a las 2 de la tarde para informar sobre el resultado de la negociación, cuando se reanude la audiencia preliminar.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, César Funes padre ayudó al expresidente Saca a legalizar $6,511,064.61 sustraídos de cuentas públicas de la Presidencia durante el periodo 2004-2009, a través de contratos publicitarios con la empresa Funes y Asociados, representada por Funes Cruz y su hijo Gerardo Funes (hermano del ex funcionario).
La fiscalía sostiene que las empresas publicitarias se quedaban con el 20 % de las contrataciones del Gobierno y el 80 % pasaba a empresas ligadas al Grupo Samix, un conglomerado de sociedades vinculadas a la comunicación propiedad del expresidente Saca y su familia. El porcentaje que se habría quedado Funes Cruz, según la Fiscalía, ronda $1,302,212.922, que es la cantidad que ofreció el imputado reintegrar al Estado.
La legislación salvadoreña regula que las penas menores de tres años, como la que solicita Funes Cruz, son excarcelables: no es necesario que el condenado la pague en prisión.
“Va a depender de la modalidad que se asuma en su momento por parte del juez, eso (posible trabajo de utilidad pública) no lo puedo decidir yo. El juez es el que determina tanto la pena como el monto de la responsabilidad civil. De manera que yo no le podría pagar en este momento a la Fiscalía ni ir pagando sobre algo que no ha definido un juez”, dijo el abogado Miguel Girón.
Mientras las negociaciones entre Funes padre y la fiscalía continúan, Miguel Flores Durel, abogado de Ana Ligia de Saca, y los fiscales del caso ratificaron ayer ante el juez Miguel Ángel García que la ex primera dama no se someterá
al procedimiento abreviado, porque no llegaron a un acuerdo sobre el pago de los $17 millones que exige la FGR.
Uno de los fiscales del caso dijo al juzgador que Ana Ligia de Saca no garantizó el reintegro de los $17,344,229.07 que supuestamente legalizó para su esposo, el expresidente Saca: “(El proceso abreviado se suspende) por circunstancias que no se garantizaba
de forma plena el pago de la responsabilidad civil”.
Miguel Flores Durel detalló al juez que su defendida estaba dispuesta a pagar la responsabilidad civil, pero que a último momento la fiscalía solicitó una fianza que garantizara el pago de los $17 millones. El abogado señaló que por el momento la ex primera dama no dispone de ese dinero porque todas sus propiedades están intervenidas
judicialmente.
Ayer, en las cerca de dos horas que duró la audiencia preliminar, la fiscalía expuso ante el juez que los 13 imputados presentes legalizaron parte de los $301 millones que sustrajo el expresidente Saca. Los fiscales dijeron que el delito de peculado, por el que ya fue condenado el exmandatario a 10 años de prisión, fue el que antecedió al de lavado de dinero que le imputan a los procesados.
El juzgado programó para hoy a las 2 de la tarde la continuación de la audiencia preliminar. El juez recomendó a todos los procesados que aprovecharan las 24 horas de suspensión para negociar más procesos abreviados, en el caso de que estén dispuestos a buscar esa salida alterna. El juzgador dijo que las partes deben evitar retrasar más la audiencia.
“Va a depender de la modalidad que se asuma en su momento por parte del juez, eso (trabajo de utilidad pública) no lo puedo decidir yo. El juez determina la pena y la responsabilidad civil”. MIGUEL GIRÓN, ABOGADO DE CÉSAR FUNES CRUZ
“El impase se está tratando de superar por parte de la defensa, que es en cuanto al pago de la responsabilidad civil. Han manifestado que han presentado la documentación”. FISCAL DEL CASO