Los políticos deben asimilar el hecho cierto de que la ciudadanía no está a su merced, sino que hoy es al contrario
No es reacción repentina ni improvisada la que ha determinado que el sentir ciudadano haya venido demostrándole con creciente insistencia a la llamada clase política que su forma de proceder, sobre todo en lo que se refiere a las decisiones y a las acciones en el más alto nivel, no es acorde con lo que la ciudadanía espera, demanda y necesita. Todo esto es parte de un proceso que se ha ido desplegando en el paso del tiempo, y de manera específica en los decenios más recientes. Esto, entonces, no podría ser revertido por simples maniobras ingeniosas en los planos políticos, sociales y económicos, ni por golpes de efecto para recuperar la confianza ciudadana, sino que tiene que derivar de una nueva y bien cimentada estrategia de cambio, que ubique a cada quien en el rol que le corresponde. Es decir: al pueblo como el origen del poder, y a sus representantes como servidores del pueblo.
Nuestra democracia, que en el escenario competitivo diseñado por las disposiciones constitucionales y legales pertinentes, se ha sostenido con buena coherencia estructural; pero, sin embargo, es en el ejercicio de la gestión institucional traducida en hechos donde han tomado carta de ciudadanía la ineficiencia y la irresponsabilidad, que son los factores que el sentir ciudadano más cuestiona. La experiencia vivida viene además demostrando que esta no es cuestión de ideologías, porque prácticamente los mismos reclamos se les hacen a las administraciones de izquierda y a las administraciones de derecha. Y en esto la alternancia ha sido muy demostrativa del fenómeno como tal.
En realidad, lo que tenemos ahora entre manos es un reto práctico de funcionalidad íntimamente vinculado con la vigencia concreta de la gobernabilidad. Porque hay que entenderlo de una vez por todas: sin gobernabilidad no puede haber funcionalidad del sistema, y sin funcionalidad la realidad se va volviendo ingobernable. Este no es un juego de palabras, sino un juego de realidades, según lo determinan las circunstancias y las condiciones que se dan en los distintos planos del vivir
ciudadano y del quehacer nacional.
Estamos en una etapa en que la democracia toma cada vez más sustancia participativa, y no en la forma de esa dizque democracia participativa que se mueve conforme al interés de los grupos políticos, sino como efectivamente debe ser: poniendo la voluntad del pueblo en el rol que le es natural, como fuente de la soberanía, por mandato expreso de la normativa constitucional, que en su artículo 83 establece: “El Salvador es un Estado Soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución”.
En este tramo tan decisivo de nuestra evolución, los salvadoreños, sin distingos ni exclusiones de ninguna índole, debemos tomar más en serio que nunca nuestra responsabilidad histórica, de cara al destino del país y a nuestros destinos personales y sociales. Sólo al asumir dicha conciencia en la medida necesaria se hará factible que los problemas pendientes en el plano nacional puedan entrar en fase de tratamientos que conduzcan a soluciones.
Todo esto lo reiteramos sin cesar, y seguiremos haciéndolo porque forma parte viva de nuestra función como medio comprometido con la verdad y con el progreso. Propugnamos a diario por lograr que el país entre en el rumbo correcto, que es el que apunta siempre hacia el bien común.
PORQUE HAY QUE ENTENDERLO DE UNA VEZ POR TODAS: SIN GOBERNABILIDAD NO PUEDE HABER FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA, Y SIN FUNCIONALIDAD LA REALIDAD SE VA VOLVIENDO INGOBERNABLE.