PIDEN RESPETAR DERECHOS EN CAPTURAS
Habitantes de la comunidad San Marcos Lempa, en Usulután, aseguran que fueron detenidos por la PNC hace dos años sin una orden de captura.
Residentes de la comunidad San Marcos Lempa, del departamento de Usulután, denunciaron que hace dos años fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) y acusados por delitos que no cometieron. Sostienen que hasta el momento hay personas que aún están detenidas y no han tenido sus garantías de ley ni una audiencia judicial para determinar la culpabilidad de las imputaciones.
Los denunciantes se reunieron ayer en la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) para solicitar asesoría respecto a su caso.
Lucy, una de las mujeres detenidas en esa ocasión, pero de las pocas que fue liberada, contó su versión de aquel operativo policial en la comunidad.
“El 13 de noviembre de 2017
fui sacada de mi casa a las 12 de la madrugada. Toda la vida he andado del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo, y ese día me acusaron de agrupaciones terroristas, porque decían que tenía vínculo con pandillas. En este momento mi hermano está en el penal de Apanteos. Él dejó su hogar con sus dos hijos pequeños”, dijo.
Rosalina Amaya Hernández también contó que su hijo Roberto Antonio Ramos Amaya, de 21 años, fue capturado en 2017 junto con el grupo de casi 100 personas, de las cuales 45 ya se encuentran en libertad por falta de pruebas de los delitos que fueron acusadas.
“Mi hijo está siendo víctima en el penal de Izalco. Él está con varicela y fiebre, y dicen que un custodio lo ponía a correr con una piedra en la espalda para sudar la fiebre el que él tenía”, detalló.
“En aquel momento fue una redada hecha por policías corruptos. Fueron casa por casa diciendo que era ‘casa segura’ y tomaron datos y fotos de todos los jóvenes; y una semana después fueron solo a recogerlos. No es justo que paguen algo por lo que no hicieron”, señaló Rosalina Amaya.
El director de la CDHES, Miguel Montenegro, hizo un llamado a las autoridades salvadoreñas para resolver este caso en el que, a su consideración, no hay acusaciones concretas por los supuestos delitos cometidos por los detenidos en esa fecha.
“Ya tienen dos años de tenerlos allí y no encuentran pruebas. Entonces, ¿por qué no los sueltan? A mi hijo lo golpearon, le cortaron las uñas y lo obligaron a que se las tragara”, dijo Amaya.
Montenegro agregó que el trabajo de la actual procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Carballo, ha dejado “mucho qué desear”, y que el país necesita tener una procuraduría “protagónica”.
Sobre las medidas impulsadas por el Gobierno en los centros penitenciarios, el director de CDHES cree que las autoridades de Seguridad Pública están “corriendo muchos riesgos” en el tema de la interpretación de la ley. También considera que se debe hacer una depuración de agentes de la PNC y de soldados que cometen, a su criterio, abuso de poder en los procedimientos.
“A mi hijo lo torturaron y lo golpearon hace dos años. No es justo que pague por algo que no hizo”. ROSALINA AMAYA, MADRE DE JOVEN DETENIDO
“Las autoridades de Seguridad están corriendo muchos riesgos en el tema de la interpretación de la ley”. MIGUEL MONTENEGRO, DIRECTOR DEL CDHES