932 reos procesados por delitos graves quedaron libres
De enero a julio el Tribunal Especializado de San Miguel los puso en libertad porque se les venció el período de la detención provisional sin enfrentar el juicio.
Cientos de reos procesados, en su mayoría pandilleros, que aún no han enfrentado la vista pública en los tribunales de sentencia de la zona oriental han sido puestos en libertad en el último año, debido a que se les vencieron los dos años de plazo máximo que estipula el Código Procesal Penal para que una persona permanezca en detención provisional mientras se decide si es condenada o es absuelta de cargos.
La mayoría de reos que han quedado libres bajo esa figura y con juicio pendiente son casos que se ventilan en el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, el cual recibe procesos de estructuras de pandillas y crimen organizado de los cuatro departamentos de la zona oriental del país.
Según datos del tribunal antimafias de oriente, de 1,693 procesados que se tenía a disposición hasta julio de este año, más de la mitad (932 imputados) ya fueron puestos en libertad en los últimos siete meses, sin aún enfrentar juicio, debido a que se les venció el periodo de la detención provisional y el juez por ley debe ponerlos en libertad.
“En la fase de instrucción, la representación fiscal casi siempre en los casos de crimen organizado pide un año de investigación y el juzgado de Instrucción se tarda para remitir ese proceso a esta sede judicial, entre tres meses a un año, lo que implica que la detención provisional se vence en la fase de instrucción y cuando viene acá prácticamente viene con los términos de la detención provisional vencidos o próximos a vencer”, dijo el juez Especializado de Oriente.
Otra de las causas que según los jueces también ha influido en esta situación es la ejecución de las medidas extraordinarias en las principales cárceles del país donde está la mayoría de reos pandilleros que enfrentan procesos por delitos graves o de crimen organizado, pues con dichas medidas se prohibió la salida de reos a audiencias, y las salas virtuales no dan abasto para atender las vistas públicas que deben realizar los 16 jueces de sentencia de la zona oriental.
EL NÚMERO AUMENTARÁ
De acuerdo con las estimaciones y procesos que lleva dicho tribunal, esos más de 900 imputados que han quedado libres no serán los únicos, pues el resto de reos están en la misma situación a punto de vencerles los términos de la detención provisional y por lo tanto los otros 761 podrían ser puestos en libertad próximamente, a la espera de la vista pública.
La mayoría de procesados que han quedado en libertad bajo esa figura son casos del departamento de Usulután, donde en 2017 fueron golpeadas varias estructuras de pandillas y donde se capturó a pandilleros por delitos como homicidios, feminicidios, extorsiones, organizaciones terroristas, entre otros.
La situación es conocida por la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), Dirección General de Centros Penales (DGCP) y hasta por el nuevo ministro de Seguridad y Justicia, Rogelio Rivas, a quien recientemente se le plantearon esos números fríos de la cantidad de procesados que han quedado en libertad en la zona oriental.
Desde finales de julio se trató de obtener una declaración sobre el tema, con las autoridades de la oficina departamental de Usulután o de la Dirección Regional de la FGR para la zona oriental, pero después de varios intentos, la Unidad de Comunicaciones del ministerio público informó que no sería posible la entrevista.
Tras la puesta en libertad de dichos procesados, el tribunal les aplica algunas medidas de sujeción, como presentarse cada 15 días a firmar a la sede judicial, no salir del país, no reunirse con las víctimas de los hechos que se les imputan, deben atender todos los llamados que les haga el tribunal y a los que son pandilleros se les coloca un brazalete de monitoreo, el cual no tiene muchas garantías, según el juez.
“Algunos se presentan, otros no, el tema es que ellos pueden presentarse, incluso estar en la vista pública y los puedo condenar a 300 años de prisión, pero no les puedo decretar la detención provisional, ellos van a seguir libres aún, sabiendo que fueron condenados a 300 años, porque la sentencia aún no está firme. El (procesado) no va a venir voluntariamente a esta sede judicial a decir: ‘mire, señor juez, le voy a cumplir 300 años de prisión’... no lo volvemos a ver, hasta que lo capturemos producto que se anda escondiendo cometiendo otros hechos”, añadió el aplicador de justicia.
Entre los 125 procesos activos de este año que tiene el Tribunal Especializado de Sentencia de San Miguel, hay dos considerados como los más emblemáticos de la zona oriental del país y cuyos procesados han logrado la libertad por el vencimiento de la detención provisional; uno es un “grupo de exterminio” de pandillero, donde hay miembros de la corporación policial implicados, y otro es el caso Tiburón, en el que está acusado el exalcalde de Usulután Miguel Ángel Jaime y que recientemente quedó libre a la espera de juicio.
El exalcalde fue capturado el 20 de junio de 2017, acusado del delito de organizaciones terroristas. Según la FGR, el exfuncionario entregaba $2,000 al mes a una pandilla con fondos obtenidos de impuestos a vendedores, pagando supuestos favores por votos recibidos en las elecciones de 2015, las cuales ganó bajo la bandera de GANA, con una diferencia de casi 5,000 votos respecto al segundo lugar.
Según el reporte emitido por el tribunal, Jaime quedó en libertad al encontrarse detenido en el cen
tro penal de Metapán (Santa Ana). Al exalcalde le decretaron medidas de sujeción, por lo que debe usar un brazalete electrónico, presentarse cada 15 días a firmar al juzgado, no cambiar de domicilio, acudir al llamado de las autoridades y tiene prohibido reunirse o comunicarse con pandilleros o personas relacionadas con el caso.
El juzgado informó que el 60 % de los procesados en el mismo caso se encuentra en libertad, incluyendo al exadministrador de los mercados de Usulután José Cortez.
Aunque en menor cantidad, en los tribunales de sentencia comunes de la zona oriental, también se ha liberado a procesados bajo esa figura, tal es el caso del Tribunal Sentencia de La Unión, en donde hace unos meses se puso en libertad a seis integrantes de una estructura terrorista que operaba en el municipio de Nueva Esparta.
El caso más reciente en ese tribunal unionense sucedió el viernes anterior, cuando fue puesto en libertad un cabecilla de pandillas identificado como Santos Eustacio Zelaya, quien está siendo procesado por el delito de homicidio, pero mientras está a la espera de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva un recurso de apelación, el procesado fue puesto en libertad porque ya cumplió tres años en detención provisional.
PREOCUPACIÓN POLICIAL
En Usulután y La Unión, la policía asegura que normalmente no reciben algún tipo de notificación que les informe sobre la libertad de los procesados, pero los investigadores que trabajan en los territorios y las fuentes de inteligencia solo en el departamento unionense han detectado entre 40 y 50 integrantes de pandillas que han logrado su libertad bajo dicha figura.
Dicha decisión ha generado malestar entre los equipos de investigadores, aunque aclaran que son respetuosos de las decisiones judiciales, pero señalan que hay casos que ha implicado largos trabajos de investigación para capturar a algunos integrantes de pandillas que son escurridizos, pero que ahora han recuperado la libertad.
“Las leyes están siendo demasiado garantistas, porque entre esos sujetos hay pandilleros que han cometido tres y hasta cuatro homicidios”, dijo un oficial de la PNC unionense.
En tanto, Darwin Arévalo, jefe de la PNC en Usulután, indicó que la función de ellos es realizar las capturas ya sea en el periodo de la flagrancia, con orden administrativas o judicial; pero cuando son requeridos por la FGR o el juez durante determinado proceso, acuden sin interponer excusas.
El comisionado aclaró que cuando una persona queda en libertad sin ser sentenciada, no reciben notificación de parte del juzgado, ya que legalmente no es necesario. “Nosotros llegamos a la investigación, ya cuando está en manos del juez, es él y la fiscalía los que se encargan del proceso”, indicó.
Arévalo dijo que al conocer la cifra de personas que han quedado en libertad en lo que va del año sin ser juzgadas, es un aspecto que le preocupa, ya que podría ser que puedan volver a cometer otros delitos.
“Nosotros llegamos hasta la investigación, ya cuando está en manos del juez, es él y la fiscalía los que se encargan”. DARWIN ARÉVALO, JEFE DE LA DELEGACIÓN DE USULUTÁN