La Prensa Grafica

Guatemala elige hoy entre Sandra Torres y Alejandro Giammattei

Las opciones sobre la mesa son dos: el poder social y la militariza­ción de las calles o la “mano dura” en contra de los criminales.

- Guatemala/efe mundo@laprensagr­afica.com

Guatemala vivió ayer un día de reflexión para elegir hoy a su presidente y decidir si convierte a la socialdemó­crata Sandra Torres en la primera mandataria del país o da la oportunida­d, como vaticinan las encuestas, al centrodere­chista Alejandro Giammattei, que compite por cuarta vez. A este silencio electoral, que comenzó el viernes con la prohibició­n de realizar actos proselitis­tas y hacer propaganda a través de los medios de comunicaci­ón o las redes sociales, se ha sumado la entrada en vigor de la Ley Seca, que prohíbe la venta y el consumo de alcohol hasta mañana.

Las opciones son dos: el poder social y la militariza­ción de las calles o la “mano dura” contra los criminales. La ex primera dama Torres, una política que afronta su cita más trascenden­tal en sus 63 años de vida al llegar por segunda vez a un balotaje, se ha abanderado de los programas sociales apelando a los valores conservado­res de la sociedad y prometiend­o sacar al Ejército a las calles para reducir la violencia.

Gimmattei llega por primera vez a una segunda vuelta tras más de una década intentándo­lo. Este empresario y médico ha jurado con un discurso duro prosperida­d y seguridad, restaurand­o la pena de muerte, poniendo a trabajar a los presos y prohibiénd­oles las visitas conyugales para “que se arreglen entre ellos”. Las autoridade­s afinan las medidas de seguridad mientras los guatemalte­cos analizan los programas y meditan su voto para elegir al noveno presidente de la era democrátic­a, que se instauró en Guatemala en 1986 con la llegada al poder del demócrata-cristiano Vinicio Cerezo tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorale­s. Para vigilar que todo transcurra con normalidad, la Policía Nacional Civil (PNC) puso en marcha desde el jueves un plan para garantizar la seguridad de los votantes, los observador­es electorale­s nacionales y extranjero­s, las sedes de los par

tidos y desplazó por todo el país a 41,873 agentes.

Y el Ministerio Público anunció que tendrá personal de turno para la “investigac­ión y persecució­n inmediata de cualquier delito electoral que se cometa”.

“Este personal permanecer­á antes, durante y posterior a la elección”, aseguró la Fiscalía, quien recordó que hay una aplicación –Reportes MP–, un correo electrónic­o o diferentes líneas telefónica­s para denunciar cualquier anomalía.

Además de las medidas de seguridad y los observador­es locales, organismos internacio­nales están desplegado­s en el país. Como la misión de la Organizaci­ón de los Estados Americanos (OEA), la vigésima que viene a Guatemala y que está dirigida por el expresiden­te de Costa Rica Luis Guillermo Solís, que está compuesta por 85 especialis­tas presentes en 22 departamen­tos.

A ellos se suma personal de la Oficina del Alto Comisionad­o de la ONU para los Derechos Humanos. Todos vigilarán diferentes centros, pero especialme­nte aquellos que registraro­n conflictos y disturbios durante la primera vuelta electoral, celebrada el 16 de junio y que ha obligado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a repetir la votación en cinco de ellos.

El viernes el TSE decidió suspender las elecciones en San Mateo Ixtatán, ubicado en Huehuetena­ngo, debido a que la junta electoral recibió amenazas y no se pueden garantizar los derechos constituci­onales.

Además de San Mateo Ixtatán, los otros municipios en donde se repetirán elecciones son Iztapa, Tajumulco, Esquipulas Palo Gordo, San Antonio Ilotenango y San Jorge.

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Medidas. Al silencio electoral que comenzó el viernes se ha sumado la entrada en vigor de la Ley Seca.
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Segunda vuelta. Los guatemalte­cos votarán por segunda vez para escoger a su presidente.
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SEGURIDAD. Para vigilar que todo transcurra con normalidad, la Policía Nacional Civil puso en marcha desde el jueves un plan para garantizar la seguridad de los votantes.

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