Poder y control ciudadano como giro de rosca para la burocracia
Es indudable que vivimos el inicio de una nueva época de la vida del país. Una nueva generación surge en la conducción política, respaldado por el grueso de la población y de todos los estratos sociales. Es una nueva coyuntura, donde los viejos paradigmas van hacia la obsolescencia. Pero como en todas las cosas, del pensamiento se debe pasar a la acción y he allí el problema que enfrenta un cambio de paradigmas. Este enquistamiento en la administración del Estado es el más grave y corpulento, que el nuevo gobierno y la generación de recambio debe enfrentar. Lo expreso de esa forma porque la mayoría de la población es un simple espectador en la lucha social. Se va con la marea.
Los legados culturales en la administración de lo público son arraigados en la práctica burocrática. Todas las actitudes que de allí emanan son un problema difícil de someter, pero no imposible. El trabajo a desgano y antipático, la corrupción en su inmensa gama de manifestaciones que va desde el robo de un lápiz hasta cobrar un salario sin trabajar; impide la agilización de los trámites imprescindibles en el orden jurídico, encarece el servicio brindado por las instituciones del Estado y da al traste con la sostenibilidad de iniciativas de innovación y desarrollo. Encontramos de todo; desde las áreas más visibles como la atención y medicina en salud pública, hasta el trámite lento y fastidioso en la importación y exportación de productos para el comercio y la industria.
En estos años anteriores de Gobierno, se establecieron algunos mecanismos de control social, transparencia y participación ciudadana que, vistos en retrospectiva, no pasaron del intento. La experiencia de la reforma de salud y los comités de contraloría social dieron sus frutos en el momento, pero quedaron en el olvido. Los comités son conformados por ciudadanos de la zona donde funcionan las instituciones del Estado y en forma organizada y planificada con la anuencia de las instancias superiores, evalúan el servicio que determinada institución presta en el barrio, la colonia, el pueblo, la ciudad, el país. La metodología está dirigida a los usuarios del sistema público y refleja el sentir y el pensar de la población. El comité ratifica la evaluación in situ y sigue el proceso de incidencia, haciendo del conocimiento de los evaluados y su jerarquía los resultados. Si estos no enmiendan la situación encontrada, se procede a otras acciones de incidencia. Es el poder ciudadano aplicado a los servicios que el Estado debe brindar con calidez y eficiencia.
Si esta metodología de control ciudadano hacia el gobierno es impulsada por él mismo, surgiría por primera vez en la historia del país un poder ciudadano organizado, manifiesto y activo, llenando de energía a la sociedad rumbo a la perfectibilidad de la democracia. Por contagio la administración municipal entraría en la visual de los comités ciudadanos de contraloría social y se podrían enrumbar desde allí la participación de las comunidades en la planificación, ejecución y control de la gestión en los municipios.
La contraloría social es aplicable a todas las instituciones o empresas que manejan fondos del Estado, fondos que provienen de los impuestos (renta o IVA) que pagamos todos los salvadoreños.
Tantos desaciertos que la administración municipal comete sin ninguna herramienta efectiva que permita a la ciudadanía la valoración de sus acciones. Con el uso adecuado de los fondos públicos todos salimos ganando.