Piden a Gobierno acompañar víctimas de desaparición forzada Defensores de derechos humanos esperan que Ejecutivo mantenga diálogo con afectados por violencia
“Las buenas intenciones del Gobierno no pueden existir sin una buena interlocución efectiva con las víctimas”. CAROLINA JIMÉNEZ, AMNISTÍA INTERNACIONAL
Amnistía Internacional, junto con otras organizaciones que velan por el esclarecimiento de las desapariciones forzadas en el país, pidieron al Gobierno de Nayib Bukele que cualquier política pública para atender esta problemática se ejecute en diálogo y acompañamiento con las víctimas del fenómeno.
“Las buenas intenciones del Gobierno no pueden existir sin una buena interlocución efectiva con las víctimas”, señaló Carolina Jiménez, representante de la oficina regional de Amnistía Internacional en México, quién visitó el país para participar en un foro sobre desaparición forzada realizado ayer.
Jiménez recuerda la reunión que sostuvo Amnistía Internacional con el presidente Bukele en junio, en la que le expresaron la deuda histórica que existe con las víctimas de desaparición forzada desde el conflicto armado de la década de los ochenta.
En la misma reunión, el organismo internacional también pidió al mandatario que establezca mecanismos de diálogo con la sociedad civil, sobre todo la afectada por la desaparición forzada, la que, según Carolina Jiménez, sigue de manifiesto en la actualidad con el desplazamiento interno de personas a consecuencia de la violencia y la migración de personas a países más seguros, principalmente Estados Unidos.
El vicepresidente, Félix Ulloa, dijo el 11 de junio que el Gobierno reconocerá y atenderá el fenómeno de la desaparición forzada; pero el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, fue criticado por no acudir el 12 de agosto a una reunión convocada por la comisión de legislación de la Asamblea Legislativa en la que se vería el anteproyecto de ley especial para víctimas de violencia por desplazamiento forzado.
El Salvador no ha ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor en 2010.
Rainer Huhle, experto en desaparición forzada, cree que no hay explicación para que el Estado salvadoreño aún no haya suscrito el instrumento.