Defienden TPS ante tribunal de California
Los demandantes decidieron llevar testimonios ante el tribunal para defender la prolongación del programa, pero el panel de 3 jueces republicanos puede no ayudar.
Centenares de beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus hijos, ciudadanos estadounidenses, se presentaron ayer en un tribunal federal de California para pedir que se mantenga el programa eliminado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Inmigrantes de más de 20 estados llegaron este miércoles al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en Pasadena, California, para darle un rostro a la demanda que asegura que la Administración Trump causará un daño irreparable a sus familias.
“Estoy aquí porque quiero mantener a mi familia unida, creo que todos deberían levantarse para decir qué está bien y qué está mal”, dijo Giselle Posada, de
10 años, hija de un beneficiario de TPS, en una rueda de prensa frente al edificio del tribunal.
La menor es una de las demandantes que el año pasado desafió en una corte federal al gobierno Trump por poner fin a las protecciones de inmigrantes de El Salvador, Honduras, Haití, Nicaragua, Nepal y Sudán.
La pequeña entró a la audiencia para poner la cara por su padre, Donaldo Posada, un inmigrante hondureño que lleva viviendo más de dos décadas en el país y que perderá su protección y el permiso de trabajo el próximo 2 de enero si los tres jueces del Tribunal de Apelaciones deciden estar del lado de la Administración Trump.
“Queremos decirle al presidente Trump y a estos jueces que nuestros hijos ciudadanos tienen derechos
“Sabemos que hay politización en esto, por eso quisimos que vieran los rostros de los ciudadanos”. MARTHA ARÉVALO, CARECEN
en este país, y que ellos solos no podrían sobrevivir. Ellos necesitan a su familia”, aseguró.
El periplo legal para cerca de 400,000 inmigrantes de estos países amparados por el TPS comenzó el año pasado cuando presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito en San Francisco (California).
El magistrado Edward Chen estuvo de parte de los demandantes al asegurar que terminar con la protección causaría un “daño irreparable” a los inmigrantes y sus familias.