Piden encarcelar funcionarios que beneficien a sus familiares
Portillo Cuadra dijo que vacíos de ley permiten actos de corrupción.
El diputado René Portillo Cuadra presentó ayer una propuesta de cuatro reformas al Código Penal y otras tres a la Ley Orgánica de Administración Financiera con las que se busca eliminar posibles nuevos casos de corrupción cometidos desde el Gobierno.
Según el legislador, el fin de las reformas es evitar que se repitan
casos como el conocido como Saqueo Público, en el cual la Fiscalía General de la República ha acusado al expresidente Mauricio Funes de malversar más de $351 millones del Estado en gastos personales.
En el pliego se incluye la prohibición de gastos reservados, discrecionales o secretos, así como la penalización de tres meses a dos años de prisión al funcionario público que otorgue beneficios patrimoniales por la relación laboral, y con el mismo período para los funcionarios que permitan pagos por obras no realizadas o inaceptables por haber sido ejecutadas o entregadas defectuosamente según los términos de contratación.
“Todos conocemos el caso de la corrupción que ha generado un clan enquistado en el Estado por el señor Mauricio Funes que le ha costado al país más de $351 millones. La operación Saqueo Público le ha demostrado a El Salvador que existen vacíos de ley que no han sido superados y con estas reformas se busca controlar la corrupción que se ha generado con el caso Saqueo Público”, dijo Portillo Cuadra.
Además, propuso la prohibición de traslado o transferencias de partidas presupuestarias a Casa Presidencial.
“Los denominados sobrantes de presupuestos o presupuestos no ejecutados por instituciones quedan prohibidos transferidas a CAPRES y deberán ser transferidas al Fondo General de la Nación”, añadió.
También pide que todo gasto de la Presidencia de la República sea establecido y consignado en el Presupuesto General de la Nación, además de que sea fiscalizado y auditado íntegramente por la Corte de Cuentas de la República.
“No puede existir ningún gasto, ninguna inversión manejada por ningún órgano del Estado que esté exento de la fiscalización de la Corte de Cuentas”, expresó Portillo Cuadra.
“Estoy seguro de que este gobierno no tiene como propósito repetir los mismos errores de los anteriores. Lo propuesto prohíbe utilizar los mecanismos que utilizó Funes y su clan para sustraer dinero público”, agregó el legislador.
Las propuestas serán analizadas en las próximas semanas en la Comisión de Legislación.