La salvaguarda de todas las libertades es un punto vital para asegurar que nuestro proceso se mantenga sano
DESDE LUEGO NO ES ACEPTABLE NI JUSTIFICABLE NINGUNA REPRESALIA CONTRA LOS MEDIOS QUE EJERCEN EL DERECHO DE CRÍTICA FRENTE A LAS DECISIONES QUE SE PRODUCEN DESDE EL PODER.
Nuestra evolución democrática presenta, por la misma naturaleza de la dinámica de avance que se experimenta en el país, un constante despliegue de desafíos tanto políticos como institucionales que ya prácticamente nadie puede evadir sin enfrentar las debidas consecuencias. Esto se va comprobando de manera más y más notoria en el curso del tiempo, y a medida que éste avanza tal acontecer se vuelve cada vez más imperioso e insoslayable. En la política, que es el escenario de mayor visibilidad de toda esta reconfiguración democratizadora que los salvadoreños experimentamos de modo predominante y creciente, eso lo estamos percibiendo y viviendo día tras día, con las exigencias de atención y los imperativos de compromiso que adquieren urgencia cada día mayor en todos los ámbitos y sentidos de nuestra compleja realidad. Y la mejor prueba de ello se plasma en la inquietud ciudadana y en el despliegue de recursos auto defensivos desde las áreas del poder, especialmente las de nivel más alto.
La tentación de imponer a toda costa la voluntad de los que gobiernan nunca desaparecerá por su cuenta, como es evidente por la experiencia vivida en regímenes de la más diversa índole; y entonces es preciso siempre y en toda circunstancia que los entes ciudadanos más vinculados con la protección y el imperio de la legalidad no descuiden ni un solo instante su misión de salvaguarda de las libertades conforme a la naturaleza de un verdadero desempeño democrático tanto en lo institucional como en lo social.
Las libertades que la democracia postula y promueve son de muy variada índole, y entre ellas las de expresión y de prensa están en primera línea, porque tienen relación directa con el saludable desempeño del sistema de vida nacional en todos los sentidos, y muy especialmente en las áreas del ejercicio público, donde la política tiene protagonismo indiscutido. En estos días hay en el ambiente preocupación notoria sobre lo que pueda venir al respecto de resultas de una gestión gubernamental con destacados tintes personalistas al nuevo estilo. Esto, desde luego, provoca múltiples adhesiones sobre todo en los conglomerados juveniles; pero hay que ver el fenómeno en perspectiva, y ahí lo que se impone es una percepción que responda a las necesidades reales del proceso nacional.
El Salvador ha bajado 15 puntos en el ranking de libertad de expresión que lleva a cabo Reporteros sin Fronteras, y eso es algo que merece análisis concienzudos, porque dicha libertad es esencial para asegurar que nuestro proceso vaya por la ruta correcta. Esto reaviva la preocupación sobre lo que ocurre y sobre lo que puede seguir ocurriendo en nuestro ambiente, con énfasis en la defensa del escrutinio público sobre la suerte de nuestras libertades fundamentales, cuya vigencia es vital para que la modernización democratizadora pueda continuar su curso de manera expansiva y sustentada.
Los organismos gubernamentales y todos los entes que tienen incidencia en el quehacer nacional, sea público o privado, están en el deber insoslayable de reconocer, respetar y apoyar las libertades que constituyen el sostén funcional de nuestro régimen de vida. Y en lo que toca a las libertades de expresión y de prensa, no hay ni puede haber ninguna excusa para desconocer o limitar dichas libertades. Y desde luego no es aceptable ni justificable ninguna represalia contra los medios que ejercen el derecho de crítica frente a las decisiones que se producen desde el poder.
Todo lo anterior requiere una vigilancia ciudadana constante y muy comprometida con la defensa de todos los derechos que están activos dentro del esquema nacional. Y esto hay que garantizarlo a plenitud en todo caso.