Por mayor y mejor inversión privada para transformar la economía salvadoreña
Con la cantidad de variables de la economía y sus múltiples interrelaciones, es legítimo preguntarse cuáles son las más importantes, las relativamente más independientes de las otras, las que tienen el mayor impacto en el resto y en el desempeño de la economía. Particularmente en una economía tan abierta con las características de la nuestra: bajo crecimiento (2-2.3 %) y competitividad, altos déficits comerciales (20 % del PIB) y fiscales (3.5-4 % del PIB), y alto endeudamiento público (71 % del PIB), 28 % originado del sistema de pensiones que apenas cubre al 20 % de la población económicamente activa (aceptablemente al 10 %, mal al 10 % restante), 66 % de la cual está en el sector informal.
En estas condiciones de considerablemente entrampamiento, debe privilegiarse la perspectiva del crecimiento y de la creación de empleos decentes, por encima del crecimiento de la demanda y del gasto público financiado con más déficits fiscales anuales y mayor deuda pública acumulada. Esta superó –al menos en un 30-35 %– el límite superior permisible para países de economía abierta con tan bajo crecimiento. Esta condición no solo reduce el espacio del gasto y de la inversión pública, pero aumenta el riesgo financiero y el costo del financiamiento público y privado.
La inversión privada de mayor valor agregado, cualificación laboral/profesional y productividad, particularmente la orientada a la producción exportable, aumenta el crecimiento y la competitividad; creando empleos decentes con mejores remuneraciones salariales con sus respectivas coberturas de seguro social y AFP; generando crecientes ingresos fiscales que reducen el déficit fiscal y la deuda pública; aumentando exportaciones, sustituyendo importaciones, aumentando la disponibilidad de divisas y reduciendo el déficit comercial; aumentando la demanda interna por el crecimiento de la masa salarial y la compra de bienes y servicios diversos. Así mejoran todos los indicadores mencionados.
El fortalecimiento y adaptación del sistema educativo y técnico-profesional a los requerimientos de los mercados puede, en sí mismo, ser una fuente extraordinaria de atracción de inversiones internacionales, subrayando el imperativo de la transformación educativa.
Una vez contratados los trabajadores con la formación y habilidades mínimas necesarias, las empresas continúan formando y entrenando a su fuerza laboral y técnico-profesional, aumentando sus niveles salariales en la medida del crecimiento de sus ventas y utilidades, y de la organización y capacidad negociadora de las organizaciones laborales. En la medida que aumenta la inversión privada y el crecimiento de la producción, de las ventas y de las utilidades, y de la demanda de trabajo, la capacidad negociadora de los trabajadores y sus logros salariales y laborales tienden a mejorar.
Con dos tercios de la fuerza de trabajo en el sector informal de muy baja productividad e ingresos, con salarios abajo del mínimo, sin seguro social ni AFP, y con un Estado sobreendeudado sin espacio fiscal, no hay solución estructural a la problemática de las pensiones y de un seguro social que cubra a la mayoría de la población. La solución, de nuevo, pasa por la creación de una base productiva y exportadora de bienes y servicios ancha y en crecimiento permanente.
Esto no significa que en la situación actual, sin transformación productiva, no haya espacio para mejorar las pensiones de los trabajadores. Aumentemos la rentabilidad que paga el Estado por el dinero de las pensiones que ha usado para financiarse, optando por una tasa de interés pasiva similar a la que paga el Estado de promedio por la deuda soberana contratada. Esto aumentaría el gasto público, el déficit fiscal y la deuda pública para financiarla.
Se trata, efectivamente, de pasar de tasas de inversión privada de 13 % del PIB a tasas superiores del 20 % que nos permita incidir en las variables mencionadas, crecer 4-5 % anualmente y transformar paulatinamente la economía nacional. Por supuesto que esto conlleva crear condiciones y clima favorable para la inversión, eliminando toda la burocracia innecesaria, agilizando los procesos y reduciendo su tiempo en el sector público y en el sector privado, articulando una visión de desarrollo concertada de mediano y largo plazo, desarrollando la zona oriental del país, desarrollando las potencialidades logísticas a través de asocios público-privados y empresas mixtas, fortaleciendo la institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.