26/ENERO/2018
Dos años y medio han transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley Especial de Adopciones y todavía hay 130 familias, que ya fueron declaradas aptas para adoptar, que están a la espera de que el Estado les asigne una niña, un niño o una persona adolescente para finalizar el proceso. La aprobación de esta legislación implicaba la creación de una nueva Oficina para Adopciones (OPA), pero quedó establecido que los procesos que ya habían sido iniciados con la “vieja OPA” tienen que culminar esa antigua oficina, y esa es la razón por la que sigue existiendo hasta estos días.
“La normativa dice que los procedimientos se continúan y se fenecen con la normativa al momento de su inicio. Entonces, hay dos procedimientos paralelos que necesitamos agotar. Por eso la antigua OPA todavía existe y la nueva OPA ya existe, está configurándose, pero no se ha terminado de hacer esa fusión”, explicó la procuradora general de la República, Miriam Geraldine Aldana.
Este centenar de familias, entre nacionales e internacionales, sigue esperando porque no ha sido hallado un menor de edad que cumpla con los requerimientos particulares o con las condiciones que estas han solicitado.
Para agosto de 2017, más de 900 niños, niñas y adolescentes estaban viviendo en acogimiento institucional, es decir, en orfanatos. De esa cantidad, sin embargo, solo un 10 % recibe, al año, la calificación de “adoptabilidad”.
En otras palabras, menos de 90 recibieron la autorización para ser adoptados, luego de que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) culminó con las investigaciones para dar con el paradero de sus madres padres, abuelas, abuelos, tías o tíos o algún otro pariente con grado de consanguinidad que pudiera hacerse cargo de ellos. No es hasta que se ha agotado ese recurso que son declarados adoptables.
De momento, Aldana, a su llegada como titular de la PGR hace tres meses, creó una comisión especial con miembros de la Procuraduría Adjunta Especializada para la Niñez y la Adolescencia, que se está encargando de depurar los expedientes y tras la conformación de un comité temporal de asignación que se está reuniendo con el ISNA.
Con la nueva ley especial, el instituto pierde toda potestad para las declaratorias de adoptabilidad para las nuevas solicitudes, y esa función pasa a estar a cargo de la nueva OPA, cuyo director ejecutivo apenas acaba de ser seleccionado y comenzó a desempeñarse en el cargo el pasado 1.º de octubre.