El TEG sanciona a la exprocuradora de DDHH por contratos a hijastras
Tribunal sancionó a Raquel de Guevara con una multa de $3,600 por favorecer a dos hijas de su esposo con plaza y ascenso irregular.
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) resolvió que la exprocuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, pague $3,600 por haber contratado a su hijastra, Xiomara Juana Margarita Guevara Zelaya, e incrementado el salario a su otra hijastra, Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, durante su gestión como funcionaria en la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).
Guevara Zelaya, según la sentencia 22-O-19 del TEG, fue contratada en la plaza de asistente II, con funciones de jurídico, dentro de la delegación departamental de San Miguel a partir de enero de 2017.
El TEG determinó que la hijastra de la exprocuradora fue contratada por un periodo de menos de dos meses con un salario de $1,350 más bonificaciones y vales de supermercado. La contratación de la pariente de la exprocuradora fue ratificada por la exfuncionaria, estableció el tribunal.
Mientras que del 1. º de octubre al 31 de diciembre de 2016, la hijastra Guevara Quintanilla ocupó el cargo como “asistente técnico” de la Secretaría General de la procuraduría con un salario de $1,800.
Luego, en febrero de 2017, la exprocuradora pidió prorrogar los contratos de la PDDH, entre ellos el de Guevara Quintanilla; sin embargo, once plazas de la institución fueron congeladas, entre ellas la de su pariente.
La PDDH, sin embargo, ordenó que Guevara Quintanilla debía continuar con el mismo salario del año anterior y ese mismo día, le dieron un “contrato individual de trabajo” para aumentarle el salario a $1,900.
La exprocuradora ya había sido sancionada con una multa de $1,006.80 por haber ascendido a su hijastra Gaby Guevara Quintanilla. La resolución fue dejada en firme en febrero pasado tras una apelación de la exfuncionaria, donde alegó que la propuesta de su hijastra al puesto fue parte del Consejo Consultivo de la PDDH y no de ella.
CASOS PENDIENTES
De Guevara aún tiene procesos pendientes en la Corte de Cuentas de la República (CCR), la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Tribunal de Servicio Civil (TSC), la Fiscalía General de la República (FGR) y con el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los delitos de desobediencia, acoso laboral y actos arbitrarios, entre otros.