Gobierno no impondrá controvertido proyecto minero, dice ministra
Aseguran que no están dadas las condiciones sociales para su construcción
La ministra del Ambiente de Perú, Fabiola Muñoz, afirmó que el Gobierno peruano no va a imponer el controvertido proyecto minero Tía María, de una empresa filial del Grupo México, porque “no están dadas las condiciones sociales” para su construcción en la sureña región de Arequipa.
El proyecto minero, que requerirá de una inversión de 1,400 millones de dólares para una mina a tajo abierto, prevé producir anualmente 120.000 toneladas de cobre cuando esté en operación y se calcula que generará 1.500 millones de dólares en canon y regalías en los 20 años que tiene previsto estar operativa.
Sin embargo, la población campesina del Valle del Tambo que vive en las inmediaciones se opone a su desarrollo porque asegura que contaminará sus fuentes de agua y tierras, razón por la cual lleva adelante movilizaciones que han mantenido paralizada la construcción de la mina.
“Claramente no están dadas las condiciones sociales para impulsar el proyecto. Como Gobierno lo hemos dicho claramente: no vamos a imponer Tía María, pero no podemos permitir tampoco -creo que todos tenemos consenso en eso- que las otras actividades económicas de la región se paralicen por un problema de este tipo”, dijo Muñoz en entrevista con RPP Noticias.
El Consejo de Minería, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Energía y Minas, confirmó esta semana la licencia al proyecto pese al rechazo del Valle del Tambo, lo que reactivó las protestas en la región sureña.
Para los manifestantes, la licencia otorgada a la empresa Southern, a cargo del proyecto Tía María, responde a las presiones de los grupos de poder como la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.
La ministra del Ambiente remarcó que en Arequipa no hay un clima adecuado para las inversiones y que los más afectados son los sectores de agricultura y educación, por la paralización de actividades por más de tres meses.
“Lo que tenemos claro es que hay falta de condiciones para imponerlo porque hay un conflicto en la región”, expresó.
Muñoz agregó que “si hay población que está a favor, no se pronuncia. Y lo cierto es que, para mantener más de 100 días de una protesta firme, es que realmente hay desconfianza, hay descontento por el proyecto”.