PROTESTAN POR RESOLUCIÓN DE CASO ESCALANTE
Una multitud protestó frente a los tribunales y exigió repetir el juicio contra el magistrado Eduardo Escalante, a quien la Cámara Primera de lo Penal liberó del delito de agresión sexual por el que fue acusado.
“Tocar niñas sí es delito” fue la frase que repitió ayer por la tarde un grupo de manifestantes frente al Centro Judicial Isidro Menéndez. Lo hicieron para rechazar la resolución de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que consideró que no es delito la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo contra el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz, señalado de tocar los genitales a una niña de 10 años.
Con pancartas y cánticos, las protestantes exigieron la repetición de la audiencia preliminar contra Escalante Díaz, magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, quien enfrentó un proceso penal por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, que luego devino en una “falta”. El movimiento contra la resolución judicial nació en las redes sociales.
La Fiscalía acusó al magistrado de tocar los genitales a una niña de 10 años el 18 de febrero pasado en la residencial Altavista II, Tonacatepeque, al oriente de San Salvador. La investigación sostiene que Escalante llegó donde la menor, la tomó de los hombros y le tocó la vulva. El funcionario trató de escapar, la madre de la víctima lo persiguió, pero no lo pudo detener.
Los magistrados Guillermo Domínguez y Martín Rogel Zepeda redujeron el jueves 31 de octubre pasado esa acusación contra Escalante: consideraron que los hechos que atribuyó la Fiscalía no son un delito, sino que podrían ser una falta definida en el Código Penal como “actos contrarios a las buenas costumbres y el decoro público”. La resolución beneficia a Escalante porque evitaría la cárcel en caso de que un juez lo declare culpable. Solo pagaría días multa.
En la resolución, los magistrados dijeron que la ley permite a las Cámaras de lo Penal procesar delitos cometidos por funcionarios y no faltas, por lo que se declararon incompetentes y enviaron el caso al Juzgado de Paz de Tonacatepeque. La magistrada Marta Lidia
“Estamos exigiendo a la Cámara Primera de lo Penal que analice y resuelva jurídicamente aplicando normativas internacionales como nacionales. También pedimos al Estado salvadoreño que revisen las leyes, hay vacíos en la ley LEPINA y su aplicación. Esto no puede quedar impune”.
CLAUDIA SAGASTUME, REPRESENTANTE ALDEAS SOS
Peraza no votó a favor de ese fallo.
Claudia Sagastume, representante de Aldeas Infantiles SOS El Salvador, solicitó ayer a la justicia salvadoreña que valore la resolución a favor de Escalante. “Estamos exigiendo a la Cámara Primera de lo Penal a que analice y resuelva jurídicamente aplicando las normativas tanto internacionales como nacionales”, dijo.
Los manifestantes calificaron la resolución de la Cámara como “impunidad” para el magistrado y consideraron que es un retroceso en la protección de la niñez. También criticaron el papel de la Fiscalía: le pidieron que mejore las investigaciones para que evite derrotas en los casos ante los tribunales. El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, reiteró ayer que apelará la resolución ante la Sala de lo Penal de la CSJ.
La Red de Defensoras Salvadoreñas
llevó sus exigencias a más. Solicitaron que la Corte Suprema de Justicia destituya a Escalante Díaz por los señalamientos en su contra, según dijo su representante Leslie Ramírez.
Mientras que Víctor Pérez, especialista de Protección, de Visión Mundial El Salvador, señaló: “Estamos muy interesados que se haga justicia en favor de la niña que ha sido afectada”.