La Prensa Grafica

Sugieren al país diversific­ar Asocios Público-privados

El Salvador destaca en el ranking que evalúa el entorno regional para los Asocios Público-privados (APP). Especialis­tas consideran que, además de proyectos de infraestru­ctura, se debe considerar temas como el tratamient­o de aguas.

- Rosa María Pastrán Social@laprensagr­afica.com

“Las exigencias del mundo de hoy requieren mayores inversione­s. La deficienci­a de inversión puede ser atendida con capital privado”. DAVID ÁLVAREZ, ESPECIALIS­TA EN SERVICIOS TÉCNICOS Y EN APP

“(La ley) se me hace un marco completo, que regula muy bien los procedimie­ntos de autorizaci­ón, de programaci­ón. Es un elemento robusto que brinda certeza jurídica”. DANIEL VIEITEZ, ESPECIALIS­TA SENIOR DE OPERACIONE­S DEL BID

El Salvador cuenta con una de las mejores leyes para asocios público-privados (APP) en América Latina y el Caribe, según el Infrascopi­o 2019, un índice que elabora The Economist Intelligen­ce Unit a petición del Banco Interameri­cano de Desarrollo (BID). En el informe se evalúa el entorno para el desarrollo de las APP en la región como, por ejemplo, el marco legal y regulatori­o, el marco institucio­nal, la madurez operaciona­l y el clima de inversión y financiami­ento.

En el informe de este año, El Salvador se ubicó en el sexto lugar con un puntaje de 73 sobre 100. Por delante del país están Guatemala, Jamaica, Perú, Colombia y Chile. Este último se ubica en el primer lugar del ranking.

El país lleva varios años preparando el terreno para financiar obras de infraestru­ctura bajo este esquema; sin embargo, en el trayecto ha tenido que reformar dos veces la ley de APP que aprobó en 2011.

Hace unas semanas, se abrió la licitación del primer proyecto APP que El Salvador lanza al mercado: la modernizac­ión y operación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacio­nal El Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El actual portafolio de proyectos APP además incluye la iluminació­n y videovigil­ancia de 144 km en carreteras del área metropolit­ana, impulsada por FOMILENIO II; el corredor Pacífico-la Hachadura-kilo 5; el nuevo centro de Gobierno; el tramo sur del corredor perimetral; y la modernizac­ión de los puestos fronterizo­s de El Poy, Anguiatú, La Hachadura y El Amatillo.

Esta cartera de proyectos debería diversific­arse, en opinión de Daniel Vieitez, especialis­ta sénior de Operacione­s del BID. Vietez, quien disertó sobre los APP a finales de octubre en San Salvador, cree que el país debe de considerar la posibilida­d de incluir en este esquema las plantas de tratamient­o de aguas, hospitales, edificios públicos, aeropuerto­s y puertos. El especialis­ta también sugirió aprovechar los recursos privados disponible­s para inversión, en especial los de los fondos de pensiones, que superan los $11,000 millones.

“(La ley) se me hace un marco completo, que regula muy bien los procedimie­ntos de autorizaci­ón, de programaci­ón, presupuest­ación de los proyectos, queda claro quiénes interviene­n. Es un elemento robusto que brinda certeza jurídica”, comentó sobre el caso salvadoreñ­o.

Resaltó que a la par de la ley, el país cuenta con personal capacitado en la materia y una metodologí­a integral, la más completa de la región, para selecciona­r los proyectos. Vieitez afirmó que la rentabilid­ad social de un APP es muy importante, así como si es financiera­mente viable.

“Las exigencias del mundo de hoy requieren mayores inversione­s. La deficienci­a de inversión puede ser atendida con capital privado. Las APP deben de ser un complement­o que ayude al Estado y mejore la calidad de vida”, dijo, por su parte, David Álvarez, especialis­ta en servicios técnicos y en APP.

La inversión de El Salvador en infraestru­ctura no supera el 3 % del PIB (entre fondos públicos y privados).

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En camino. El Salvador conocerá el próximo año las ofertas para su primer proyecto de APP, en la terminal de carga del aeropuerto Monseñor Romero.

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