EXIGEN A CÁMARA VERSIÓN PÚBLICA DEL FALLO SOBRE ESCALANTE
Red de ONG pide al presidente de la CSJ investigar actuación de los magistrados de la Cámara para ver si cometieron alguna falta y al CNJ analizar si candidatos a funcionarios son proclives a abusos sexuales.
“La decisión de la Cámara es inaceptable, insostenible, censurable, discriminatoria y contraria a los derechos de la niña”, dijo ayer la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), que está compuesta por 45 organizaciones que trabajan por la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez.
Las organizaciones se pronunciaron en contra de la decisión de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador que decidió establecer que el magistrado Jaime Eduardo Escalante Díaz no cometió un delito, sino una falta con los “tocamientos de los cuales fue víctima” una niña de diez años.
La gerente general de RIA, Georgina de Villalta, dijo que desde el punto de vista penal hay dos circunstancias que agravan “la conducta típica del funcionario imputado”. La primera es porque tiene calidad de autoridad pública —como magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil— y la segunda es porque la víctima es menor de 18 años.
La decisión de la Cámara, además, sostienen, vulnera las medidas de protección a favor de todo niño, niña y adolescente que debe adoptar el Estado, la familia y la sociedad por mandato de la Convención Americana de los Derechos Humanos y la “Ley de la República en su artículo 19”.
“Decisiones como la que se comenta es totalmente injusta, frente a una víctima totalmente vulnerable por su edad ante hechos totalmente condenables. Nos muestran que a 30 años de la Convención de los Derechos del Niño hace falta un largo camino por recorrer para que las niñas tengan la protección básica y elemental a la que tienen derecho”, se lee en el comunicado oficial de la postura de la RIA.
Los magistrados, con su decisión, también han violado la dignidad humana de la menor y “desconocido” el principio del estado de Derecho, que es la sujeción del poder público a la Constitución de la República, tratados internacionales ratificados y demás normativa, aseguró de Villalta. Además, reiteró que la Cámara violó el derecho al acceso de justicia de la niña establecido por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
DEMANDAN INTERVENCIÓN
El colectivo de organizaciones agregó que demandaba a la Cá
“Pedimos a la sociedad salvadoreña en general se mantenga vigilante de la actuación del Órgano Judicial a afecto de contribuir a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y evitar que este caso quede en la impunidad”.
RIA,
COMUNICADO OFICIAL SOBRE EL CASO ESCALANTE.
mara Primera de lo Penal de San Salvador que elabore una versión pública de la resolución para que la sociedad salvadoreña pueda conocer los hechos en los cuáles son fundamentados su decisión. “Tomando las salvaguardas necesarias para la protección de la niña y su entorno … pues la opacidad y el secretismo favorecen las actuaciones contrarias a la justicia”, explicó la representante de la Asociación Nuevo Amanecer (ANADES), Ana Miriam Ayala.
Al fiscal general de la república, Raúl Melara, le solicitaron interponer un recurso de apelación contra decisión por considerarla contraria a derecho y que mantenga informada al sociedad. Una vez presentada la apelación, de acuerdo con RIA, el caso sería conocido por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que le piden analizarlo a la luz de la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la LEPINA.
También solicitan al procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, supervisar que sean cumplidos los derechos de la niña en el proceso. Del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), en cambio, requieren fortalecer el perfil y procesos de selección de candidatos para alguna jurisdicción de la República para que nos sean proclives a cometer abusos sexuales.
RIA, además, confirmó que el presidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda, debe “iniciar diligencias para verificar si los magistrados han cometido alguna infracción”.
La sociedad, por su parte, debe estar vigilante de los derechos de las niños y el proceso para “evitar que este caso quede en la impunidad”. Ayala dijo que la red para la infancia “considera que toda esta indignación debe de tener una reacción, que clama delito y dice que sí hubo delito”.