Salvadoreños en línea de violencia en la frontera
Los migrantes son forzados a esperar asilo en México, donde se ha puesto en evidencia el peligro que acecha.
Una salvadoreña que trata de conseguir asilo en Estados Unidos pasa sus días encerrada en la atestada casa de una prima en México, demasiado asustada tras ser agredida salvajemente hace tres semanas por pandilleros, cuando regresaba a la vivienda luego de ir a una tienda. La agresión se produjo después de que había pasado cuatro meses cautiva de una banda que la obligó a prostituirse durante su recorrido por México.
La mujer es una de 55,000 migrantes que fueron devueltos a México por el gobierno de Donald Trump para que esperen que los tribunales de inmigración, que no dan abasto, consideren sus solicitudes. Su situación refleja algunos de los problemas asociados con ese programa.
Los detractores del programa dicen que le niega a los solicitantes de asilo un trato justo y humano, obligándolos a esperar en un país con regiones abrumadas por la violencia del narcotráfico, como se hizo evidente esta semana con el asesinato cerca de la frontera con Estados Unidos de seis menores y tres mujeres adultas, todos ciudadanos estadounidenses que vivían en México.
El gobierno de Trump insiste en que el programa es una alternativa segura, coordinada con el gobierno mexicano, a pesar de que el mandatario promete librar una guerra con los carteles de las drogas tienen una importante presencia en las ciudades de la frontera, donde los migrantes son obligados a esperar.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un informe, la semana pasada, que la iniciativa es “una herramienta indispensable para afrontar la crisis en la frontera sur y restaurar la integridad del sistema de inmigración”.
Mientras tomaba nota la semana pasada de la situación de una inmigrante salvadoreña, la jueza de inmigración Lee O’connor no pudo ocultar su desdén por el programa.
Decidió que la mujer no satisfacía los requisitos del programa porque, según ella, pueden solicitar asilo las personas que se entreguen a las autoridades inmigratorias en la frontera, no las que, como la centroamericana, ingresaron al país ilegalmente.
Pero de todos modos la envió de vuelta a México para que espere allí una citación.